Abel Córdoba consideró que el dueño de Austral Construcciones debe cumplir su condena en un penal luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Ruta del dinero K: el fiscal solicitó que Lázaro Báez vuelva a la cárcel.
Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firmes las condenas en la causa de la “Ruta del dinero K”, el fiscal Abel Córdoba dictaminó este martes que Lázaro Báez debe volver a prisión a cumplir su sentencia. La medida también alcanza a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador de Báez, respectivamente.
Todos ellos ya habían estado detenidos antes, y el juez Néstor Costabel, Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), deberá decidir cómo se computarán las penas. Fue el mismo magistrado que llevó adelante el juicio.
El dictamen del fiscal sostiene que: “Habiendo quedado firme la condena dictada contra Lázaro Antonio Báez; Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, culminado el trámite del cómputo practicado en relación a los nombrados, solicito se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”.
En el mismo dictamen, Córdoba entendió que Martín Báez, hijo de Lázaro y otro condenado en la causa, no deberá volver a prisión, ya que oportunamente se le concedió la excarcelación y se encuentra con libertad condicional.
La semana pasada, Báez fue condenado por el delito de “lavado de activos agravado” de US$55 millones entre 2010 y 2013, a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
Tras el fallo de la Corte, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención de Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y de Eduardo Castro, todos condenados en la misma causa.
Hasta este momento, no había definiciones sobre si Báez debía volver a prisión o no. Su defensa ya había solicitado que el condenado siga bajo el régimen de arresto domiciliario por haber pasado 9 años preso.
La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.
