La investigación por el trágico accidente en la Ruta 88, que costó la vida del médico Diego Quirós y su hijastro Iñaki Mendizábal, tuvo un giro determinante en los últimos días.
La investigación por el trágico accidente en la Ruta 88, que costó la vida del médico Diego Quirós y su hijastro Iñaki Mendizábal, tuvo un giro determinante en los últimos días. El siniestro, ocurrido cuando la camioneta en la que viajaban impactó contra un camión, dejó a toda la comunidad conmovida y abrió una batalla judicial que hoy sigue cargada de tensiones, pericias contradictorias y acusaciones de parcialidad.
El caso adquirió un nuevo rumbo a partir de los resultados de los estudios toxicológicos y accidentológicos, que pusieron en la mira al conductor del vehículo Mercedes Benz L200 gris, señalado por la Justicia como responsable principal del fatal desenlace.
De acuerdo con los informes difundidos en la causa, el conductor de la camioneta presentaba cocaína en sangre al momento del choque. Además, los peritos determinaron que circulaba a una velocidad muy superior a la permitida, lo que habría sido un factor determinante en la tragedia.
Ante estas pruebas, el juez de Garantías, Daniel De Marco, resolvió dictar la falta de mérito para el camionero Raúl Alejandro Lozano García y ordenó su excarcelación inmediata, liberándolo de la imputación directa que pesaba sobre él desde el inicio de la investigación.
En su fallo, el magistrado fue categórico: “El conductor de la camioneta, al estar bajo los efectos de drogas y desplazarse a una velocidad excesiva, tuvo una trascendental incidencia en el desenlace fatal”.
Desde un inicio, la defensa del camionero Lozano García había insistido en que el siniestro no podía atribuirse a su cliente. Para reforzar esta postura, remarcaron que la pericia toxicológica detectó cocaína en la sangre del conductor de la camioneta, lo que comprometía su estado de conciencia al momento de la colisión.
Otro elemento clave fue la ausencia de marcas de frenado en el asfalto, lo que sugería que el conductor de la L200 ni siquiera intentó evitar el choque. Esto, sumado al exceso de velocidad, reforzó la hipótesis de que el accidente fue producto de una maniobra riesgosa y no de una imprudencia atribuible al camionero.
La resolución judicial cayó como un balde de agua fría sobre la familia de las víctimas. El abogado que los representa presentó un recurso de apelación contra la medida, calificándola como un “acto de arbitrariedad manifiesta” y como una “revictimización institucional” que deja en un limbo a los familiares de Quirós y Mendizábal.
La estrategia de la querella busca que la Cámara revoque la decisión del juez De Marco, ordene la prisión preventiva del camionero y reasigne la causa a un nuevo magistrado. En su escrito, el letrado pidió expresamente la recusación del juez por presunto “prejuzgamiento”, acusándolo de haber tomado partido sin considerar todas las pruebas.
Uno de los puntos más controvertidos de la causa está relacionado con la validez de la pericia toxicológica. El abogado de la familia de las víctimas cuestionó duramente los resultados, afirmando que la prueba presenta “defectos graves en la cadena de custodia” y que incluso podría contener falsedades.
“La pericia toxicológica tiene un montón de defectos, no solamente en la cadena de custodia, sino que es una mentira. Es falso que al momento del accidente el conductor tenía cocaína en sangre. Hay una contradicción en la propia pericia, que establece que había cocaína en sangre pero no en orina”, denunció el abogado ante los medios.
Este señalamiento abre un nuevo debate en torno a la transparencia de las pericias judiciales, un aspecto clave en la resolución de casos de gran repercusión social.
El caso Quirós-Mendizábal no solo es una tragedia familiar, sino que se ha convertido en un emblema judicial en torno a la responsabilidad en accidentes viales, la fiabilidad de las pericias y la credibilidad de los fallos judiciales.
Por un lado, está la postura de la defensa del camionero, que celebra la decisión de excarcelación y la considera un acto de justicia frente a pruebas claras de imprudencia por parte del otro conductor. Por el otro, la familia de las víctimas, que considera que la resolución es un retroceso en la búsqueda de verdad y justicia.
El futuro del caso dependerá en gran medida de lo que resuelva la Cámara de Apelaciones, que deberá analizar tanto los cuestionamientos a las pericias como la acusación de parcialidad contra el juez De Marco.
Más allá de lo estrictamente judicial, el accidente en la Ruta 88 volvió a poner sobre la mesa el problema de la seguridad vial en Argentina y el impacto del consumo de sustancias en la conducción. Casos como este muestran las consecuencias irreversibles que puede tener el manejo bajo efectos de drogas o alcohol, una problemática que preocupa tanto a autoridades como a organizaciones civiles.
Asimismo, la discusión pública se centra en cómo la Justicia procesa este tipo de hechos y en la necesidad de que las pericias científicas sean incuestionables para garantizar un fallo justo.
La figura del médico Diego Quirós y de su hijastro Iñaki Mendizábal ha quedado grabada en la memoria de familiares, colegas y vecinos, quienes exigen que el caso no quede en la impunidad. A través de marchas, mensajes en redes sociales y declaraciones públicas, mantienen vivo el reclamo de que la verdad salga a la luz y los responsables paguen por lo sucedido.
El proceso judicial, todavía en etapa de apelaciones, marcará no solo el destino de los imputados, sino también el grado de confianza de la sociedad en el sistema judicial.
