Una mujer deberá indemnizar a su expareja, un agente de la Policía de La Rioja, con $30 millones de pesos por una campaña sistemática de hostigamiento y difamación en redes sociales.
Un fallo judicial inédito determinó que una mujer deberá resarcir económicamente a su expareja tras una prolongada campaña de hostigamiento en redes.
Un fallo judicial inédito determinó que una mujer deberá resarcir económicamente a su expareja tras una prolongada campaña de hostigamiento en redes.
Una mujer deberá indemnizar a su expareja, un agente de la Policía de La Rioja, con $30 millones de pesos por una campaña sistemática de hostigamiento y difamación en redes sociales.
El fallo de la Justicia civil riojana, considerado inédito, determinó que utilizó tanto sus cuentas personales como perfiles falsos para atacar la reputación de la víctima tras el fin de la relación en 2019.
Durante seis años, la condenada publicó mensajes ofensivos y discriminatorios, con expresiones como "cornudo", "chizito" y "coimero".
El tribunal acreditó que difundió una "falsa acusación" sobre una enfermedad de transmisión sexual con el objetivo de dañar su imagen pública y profesional, además de presentar una denuncia por violencia de género contra su expareja, que finalmente fue desestimada por no tener respaldo probatorio.
La acusada llevó adelante estas acciones desde el anonimato hasta que la Justicia logró vincularla con las cuentas falsas mediante "prueba indiciaria", al detectar coincidencias en el lenguaje y detalles íntimos que solo ella podía conocer.
En ese contexto, las publicaciones derivaron en la apertura de un "sumario administrativo" que frenó las posibilidades de ascenso del damnificado dentro de la fuerza en la que se desempeña, según informaron medios locales en base a los datos de la causa.
En cuanto a la reparación económica, si bien la indemnización inicial se fijó en $4 millones, los intereses acumulados durante los seis años del proceso elevaron el monto a unos $30 millones.
Además, la mujer deberá difundir el fallo judicial en las mismas redes sociales donde realizó los ataques y, en caso de incumplimiento, se habilitará un juicio ejecutivo para el embargo de sus bienes y activos.
El abogado del demandante, Pablo Arrieta, remarcó que "no cualquiera puede salir a decir cualquier cosa sin tener una consecuencia", y sostuvo que el fallo sienta un precedente sobre la responsabilidad civil en entornos digitales.