La investigación sostiene que detrás de esa búsqueda existía el interés de favorecer a familias de alto poder adquisitivo que buscaban adoptar bebés de manera acelerada, muchas de ellas vinculadas a countries y barrios cerrados de la zona norte bonaerense.
Aunque las trabajadoras rechazaron inmediatamente el ofrecimiento y nunca participaron de ninguna maniobra, la Justicia concluyó que el delito quedó configurado con la sola propuesta realizada por la funcionaria.
En el fallo, el tribunal sostuvo que la conducta implicaba transformar a un niño en un objeto de intercambio y vulnerar derechos protegidos por tratados internacionales y por la legislación argentina.
Un historial de graves irregularidades
El caso salió a la luz públicamente años atrás y derivó en la destitución de Velázquez como jueza. En septiembre de 2017, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense resolvió expulsarla de manera unánime tras detectar múltiples irregularidades en su desempeño.
Entre los hechos atribuidos figuraban:
- Presuntas maniobras para facilitar adopciones irregulares.
- Firma de cientos de expedientes por parte de auxiliares sin supervisión.
- Fechado irregular de resoluciones judiciales.
- Casos de acoso laboral.
- Graves incumplimientos en expedientes vinculados con menores de edad.
Los testimonios incorporados al expediente describieron además situaciones que generaron fuerte repercusión dentro del Poder Judicial.
Uno de los relatos señalaba que una empleada fue obligada a continuar trabajando mientras atravesaba un aborto espontáneo. Otro indicaba que la magistrada sugería a trabajadoras ligarse las trompas tras haber tenido varios hijos.
Prófuga, detenida en España y extraditada
La situación judicial de Velázquez se agravó cuando dejó el país mientras avanzaba la investigación penal en su contra. En 2024 la Justicia emitió una orden de captura internacional luego de que no pudiera ser localizada en los domicilios declarados. A través de Interpol se determinó que se encontraba en España. Finalmente fue detenida en Valencia y posteriormente extraditada a la Argentina en agosto de 2025.
Desde entonces permaneció bajo arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso judicial que terminó con su condena.
Por qué no irá a prisión
Aunque la sentencia establece una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, la ex jueza no regresará a una cárcel. El tiempo que permaneció detenida en España, sumado al período de arresto domiciliario en la Argentina, permitió computar parte de la pena y acceder a beneficios vinculados a la libertad condicional.
La resolución generó controversia adicional porque recientemente fue autorizada a viajar nuevamente a España, decisión que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal.
Mientras tanto, la condena marca el cierre de uno de los expedientes más escandalosos vinculados al sistema de adopciones en la provincia de Buenos Aires y vuelve a poner bajo la lupa los controles judiciales sobre los procesos de protección de menores.