Alberto Fernández dijo en Francia que el Gobierno enviará “una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en cualquier centro público".
Alberto Fernández dijo en Francia que el Gobierno enviará “una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en cualquier centro público".
De inmediato, provocó un debate en el país sobre un tema que siempre provoca divisiones y discusiones complejas. Pocas veces incluso pudo discutirse en el Congreso Nacional.
La última fue en 2018. El debate sobre la legalización del aborto movilizó a toda la sociedad. La Cámara de Diputados inició el trámite en una discusión con tres comisiones reunidas. Especialistas médicos, sanitaristas, sectores sociales y personalidades dieron su opinión. El dictamen mayoritario se discutió en una prolongada sesión en el recinto.
El 15 de junio de 2018, luego de 23 horas, se aprobó por 129 votos a favor y 125 votos en contra. El proyecto para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) atravesó a la enorme mayoría de los bloques parlamentarios, con diputados que votaron con "libertad de conciencia".
Pero en el Senado, la iniciativa fue rechazada y no pudo convertirse en ley. El 9 de agosto de ese año, la Cámara alta registró 38 votos en contra y 31 votos a favor.
Durante el 2019, el proyecto volvió a presentarse, pero el año electoral tornó imposible repetir el debate.
Ahora, el presidente Alberto Fernández volvió a instalar el tema con su declaración desde Francia.
El "Centro para los Derechos Reproductivos" es un organismo que analiza las normativas sobre el aborto en todo el mundo. Allí se elabora anualmente un mapa sobre esta situación desde el punto de vista legal en el planeta y se agrupan los países en cuatro categorías de acuerdo a los motivos para realizar un aborto.
Según esa definición, la Argentina se encuentra en la tercera categoría. No está penalizado en situaciones de salud o riesgo de vida para la mujer (también en caso de violación).
En América Latina, comparte la clasificación con Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Una legislación más restrictiva se aplica en Brasil, Venezuela, Paraguay, Chile y México (salvo ciudad de México).
Solo Uruguay comparte la categoría con países como Estados Unidos, Canadá, la mayoría de Europa y Australia, donde el aborto está legalizado. El código penal argentino establece en su artículo 86° las condiciones en las que un aborto no punible.
ARTICULO 86: El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible:
En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia, en el "fallo F.A.L." estableció un protocolo “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.
Sin embargo, cada provincia se reserva su derecho de adherirse o no, en base a la organización federal del país. Muchas provincias no lo han hecho.
