Apelando al "daño irreparable" que causaría una cesión de acciones, el Poder Ejecutivo pidió ante la justicia de Nueva York una medida cautelar para evitar la ejecución de la sentencia y apelará en los próximos días.
El gobierno argentino solicitó este martes a la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, que suspenda el fallo que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF a dos fondos de inversión que demandaron al país por la expropiación de la petrolera en 2012. La administración de Javier Milei también adelantó que presentará en los próximos días una apelación formal contra la medida.
En una carta enviada al tribunal, el Estado argentino argumentó que la suspensión del fallo es “crucial” y destacó que cuenta con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos en su postura frente al litigio.
La decisión judicial fue dictada el lunes por la jueza Preska, quien ordenó que el paquete accionario mayoritario de YPF —actualmente en manos del Estado— sea transferido a los fondos Burford Capital y Eton Park, que reclamaron haber sido perjudicados por la nacionalización de la compañía durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Según explicó el analista Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en litigios internacionales, Argentina advirtió en su escrito que si la suspensión no es concedida por Preska, acudirá a una instancia judicial superior para obtenerla.
“La República Argentina solicitó a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que ordena la transferencia de sus acciones de YPF a los acreedores judiciales”, precisó Maril. Además, remarcó que la posición argentina encuentra eco en el Ejecutivo estadounidense, que también se manifestó en contra de aplicar la medida sin agotar las instancias judiciales.
Desde la Casa Rosada, aseguraron que no habrá negociación alguna con Burford Capital —principal demandante en el caso— mientras no exista una sentencia firme. La estrategia oficial se centra en disputar el monto final de la indemnización, estimado en 16.000 millones de dólares, ya que consideran que hay argumentos jurídicos para reducirlo de forma significativa.
En ese sentido, fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que la Procuración del Tesoro podría recurrir directamente a la Corte de Apelaciones para solicitar allí la suspensión del fallo, eludiendo así una respuesta negativa de primera instancia.
“El fallo, tal como fue redactado, resulta de cumplimiento imposible”, señalaron en Balcarce 50. Y agregaron: “No hay posibilidad alguna de acatar esa decisión mientras siga siendo una resolución de primera instancia”.
