El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia por el decreto del Gobierno de Javier Milei que dispuso la derogación del Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires.
El Gobierno eliminó el Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires creado en 2020, durante la pandemia.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia por el decreto del Gobierno de Javier Milei que dispuso la derogación del Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires.
En ese marco, Kicillof informó que instruyó al Fiscal de Estado, Hernán Gómez, para que inicie acciones ante la Corte Suprema de Justicia e interpondrá una acción cautelar para que se restituyan los fondos: “Es absolutamente ilegal. Tienen que devolverlos”. Asimismo, afirmó que "el Estado se roba los recursos de las provincias”.
El oficialismo eliminó este lunes el Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires creado en 2020, durante la pandemia, con el fin de “sostener el normal funcionamiento de las finanzas” en el distrito bonaerense.
El Poder Ejecutivo, además, modificó en otro decreto el impuesto PAIS para reducir al 1% la asignación que recibe el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
En el decreto 192/2024 publicado Boletín Oficial, el oficialismo sostiene que “el mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas”.
El documento que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse además hace hincapié en que “ningún gobierno nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual administración, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.
“Con la intención de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de cinco puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central”, completa el comunicado.
Y concluye en que “no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas”.