Para evitar conflictos de interés, la resolución exige una declaración jurada del médico que confirme "la inexistencia de vínculos con los laboratorios de los medicamentos recetados o con los proveedores de tecnologías médicas sugeridas".
Un trasfondo económico
Desde el Gobierno explicaron que el nuevo ministro de Salud busca reducir la litigiosidad en torno a las prepagas, aduciendo que la alta judicialización "afecta el equilibrio financiero y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud".
"La resolución busca así garantizar un sistema más transparente, eficiente y alineado con los principios de la medicina basada en la evidencia, preservando la confianza de los beneficiarios en el acceso a prestaciones adecuadas y seguras. El Estado reafirma su compromiso en la supervisión del sistema de salud, procurando el equilibrio entre la libertad de prescripción y la sostenibilidad del sistema", concluyeron.