Caso "Chocolate" Rigau: diputados bonaerenses rechazaron la denuncia por encubrimiento

La Cámara de Diputados aseguró que se trataba de expedientes diferentes

Otro punto central del descargo apunta a la identificación de las actuaciones judiciales. Según la postura de Diputados, los requerimientos que terminaron archivados correspondían a la denominada causa Rodríguez, vinculada originalmente con una investigación por hurto, y no directamente al expediente seguido contra “Chocolate” Rigau.

La Cámara sostuvo, además, que respondió los requerimientos judiciales vinculados con la investigación de Rigau y utilizó como argumento el avance de esa causa hasta instancias posteriores del proceso.

La defensa de los legisladores y la división de poderes

En su respuesta, la Cámara baja bonaerense también invocó las garantías constitucionales de los integrantes del Poder Legislativo y puso el foco en el artículo 96 de la Constitución bonaerense, referido a la protección de las opiniones y votos emitidos por los legisladores en ejercicio de sus funciones.

“Resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, sostuvo la Cámara en su descargo.

La Legislatura también encuadró la controversia dentro del principio de división de poderes. Si bien reconoció las facultades de control de la Justicia, planteó que estas no pueden utilizarse para condicionar el funcionamiento del Poder Legislativo.

La denuncia de Atencio quedó radicada ante la UFI 11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, que deberá determinar si existieron conductas con relevancia penal vinculadas con el tratamiento de los pedidos judiciales.

Los documentos que busca la Justicia en el caso “Chocolate”

El conflicto tiene como eje los denominados “memos de propuesta de designación o contratación”. La fiscal Betina Lacki comenzó a requerirlos a la Cámara en abril de 2025 para intentar establecer quién había propuesto la contratación de los empleados vinculados con las tarjetas utilizadas por Rigau.

La Justicia considera esos documentos relevantes porque podrían permitir reconstruir quién impulsó cada una de las contrataciones. El pedido comprende al propio Rigau y a otros empleados legislativos vinculados con las tarjetas investigadas.

Antes de que ingresara la orden judicial del 19 de agosto, la Cámara ya había tomado una decisión sobre las actuaciones. El 28 de mayo, durante una sesión de Diputados, se aprobó un proyecto que ratificó lo actuado por las autoridades legislativas y dispuso el archivo de expedientes entre miles de resoluciones administrativas.

Según la reconstrucción periodística de aquella sesión, la votación demandó apenas 38 segundos. El proyecto fue tratado junto con aproximadamente 7.800 resoluciones administrativas y obtuvo más de dos tercios de los votos de los legisladores presentes, aunque la modalidad utilizada no permite individualizar el sentido del voto de cada diputado salvo en casos específicos registrados en el Diario de Sesiones.