La presentación de Guillermo Atencio apunta a determinar si hubo encubrimiento luego de que la Cámara de Diputados bonaerense archivara documentación sobre las designaciones de empleados vinculados a la causa que investiga a Julio “Chocolate” Rigau.
Avanza otra investigación por encubrimiento al caso de "Chocolate" Rigua. (Foto: archivo).
La causa que investiga a Julio “Chocolate” Rigau sumó un nuevo capítulo judicial. El juez de Garantías Guillermo Federico Atencio denunció penalmente a las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense por el presunto delito de encubrimiento, luego de que la Legislatura archivara documentación que había sido requerida por la Justicia.
La presentación quedó radicada ante la UFI 11 del Departamento Judicial de La Plata, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta, y constituye un desprendimiento de la investigación sobre la presunta defraudación al Estado vinculada con el cobro de salarios de empleados legislativos.
El conflicto se originó por los denominados “memos de designación” de los empleados cuyas tarjetas de débito estaban en poder de Rigau. La Justicia buscaba acceder a esos documentos para establecer quiénes habían firmado las incorporaciones de los agentes y reconstruir el origen del esquema investigado.
Sin embargo, la Cámara de Diputados bonaerense archivó los expedientes administrativos que contenían esa información, una decisión que ahora quedó bajo la lupa judicial.
Atencio consideró que, ante la posible existencia de un delito de acción pública, tenía la obligación de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal para que se investiguen las eventuales responsabilidades.
La documentación había sido requerida por la fiscal Betina Lacki, quien investiga el entramado relacionado con las tarjetas de débito encontradas en poder de Rigau.
Los expedientes eran considerados relevantes para reconstruir cómo se realizaron las designaciones y determinar qué legisladores o autoridades habían intervenido en la incorporación de los empleados cuyos salarios eran retirados posteriormente.
La Cámara de Diputados, sin embargo, decidió archivar esos expedientes el 28 de mayo, durante una sesión en la que se trataron miles de resoluciones administrativas. De acuerdo con la información publicada sobre el caso, los documentos vinculados con Rigau quedaron incluidos dentro de ese procedimiento.
Ante las demoras y la falta de entrega de la documentación solicitada, Atencio había dictado una orden de presentación para exigir que los papeles fueran puestos a disposición de la Justicia.
Ahora, el magistrado denunció penalmente lo ocurrido para que se determine si la decisión de archivar los expedientes y no entregar la documentación requerida puede constituir un delito.
La investigación comenzó en septiembre de 2023, cuando Julio “Chocolate” Rigau fue detenido en un cajero del Banco Provincia de La Plata mientras realizaba extracciones de dinero con tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.
Al momento de su detención, tenía en su poder 48 tarjetas correspondientes a empleados legislativos. A partir de ese episodio, la Justicia comenzó a investigar por qué los titulares de las cuentas le habían entregado los plásticos y cómo funcionaba el mecanismo mediante el cual se retiraban sus salarios.
Durante la causa, varios titulares de las tarjetas declararon ante la Fiscalía y reconocieron que se las habían entregado voluntariamente a Rigau.
La investigación avanzó entonces sobre otro interrogante: cómo habían ingresado esas personas a trabajar en la Legislatura y quiénes habían intervenido en sus designaciones. Para intentar reconstruir ese circuito, la Fiscalía reclamó los expedientes administrativos que ahora quedaron en el centro de la nueva denuncia.
Las actuaciones también pusieron la atención sobre funcionarios de la Cámara de Diputados y sobre Claudio Albini, quien durante años trabajó en el área de Personal, además de su hijo Facundo Albini.
La denuncia presentada por Atencio abre ahora una investigación separada de la causa original. El objetivo será determinar si existió alguna conducta delictiva vinculada con el archivo de los expedientes y la falta de entrega de la documentación solicitada por la Justicia.
La presentación quedó a cargo de la UFI 11 de La Plata, que deberá analizar los hechos denunciados y establecer los próximos pasos de la investigación.
