El Tribunal Oral Federal N°2 fijó el monto del decomiso actualizado en base al IPC del INDEC y abrió una cuenta judicial en el Banco Nación para que los condenados en la causa Vialidad depositen el dinero.
El Tribunal Oral Federal N°2 intimó a Cristina Kirchner y a los otros ocho condenados por la causa Vialidad a pagar, hasta el 13 de agosto, la suma de $684.990.350.139,86, monto que corresponde al decomiso fijado por la Justicia tras actualizar el perjuicio causado al Estado. Si no cumplen con el pago voluntario antes de esa fecha, se procederá a ejecutar y rematar sus bienes.
La cifra, equivalente a unos 537 millones de dólares al tipo de cambio oficial, fue establecida con base en el informe presentado por los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia, que actualizaron el daño patrimonial que había sido valuado originalmente en $84.835 millones al momento de la condena, en diciembre de 2022. El nuevo cálculo se hizo utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, metodología que fue avalada por los jueces del tribunal.
El fallo fue firmado por los magistrados Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes desestimaron los cálculos propuestos por el perito designado por la defensa de Cristina Kirchner, José Lucas Gaincerain, quien sostenía que el monto debía reducirse a $42.494 millones. También hicieron lo mismo con el informe del perito de la fiscalía que propuso valores aún más altos, actualizados por el CER del Banco Central.
"Íntimese a las personas condenadas al pago de la suma de $684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente", sostiene la resolución.
El fallo deja en claro que el monto no se reparte proporcionalmente, sino que el decomiso es solidario, es decir, todos los condenados deben responder por el total y podrán decidir entre ellos qué parte aporta cada uno.
En el caso de Cristina Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya presentaron un listado de sus bienes embargados que podrían ser ejecutados para cubrir la deuda. Entre ellos figuran dos cajas de seguridad con 4,5 millones y 1 millón de dólares, propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y en Santa Cruz, y sociedades como Los Sauces, titular del departamento ubicado en San José 1111, donde actualmente la ex presidenta cumple prisión domiciliaria.
También se ordenó actualizar los embargos sobre los bienes inmuebles involucrados en la causa hasta cubrir el monto total del decomiso. En el caso de los bienes muebles, como ya están garantizados por encima del valor estimado, no se requerirán nuevas medidas registrales.
Además, el juez Gorini hizo lugar a un pedido del fiscal Luciani respecto a Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, quien habría intentado ingresar a la cárcel de Río Gallegos con documentación para gestionar propiedades del empresario, a pesar de que se encuentran embargadas. Se ordenó que toda documentación que pretenda ser ingresada al penal sea fotografiada y enviada al tribunal con urgencia, para evitar maniobras de administración indebida del patrimonio cautelado.
Con esta decisión, la Justicia avanzó en una nueva etapa de la causa que significó la primera condena firme para Cristina Kirchner, convalidada por la Corte Suprema. Si no se paga en el plazo estipulado, el proceso continuará con la ejecución forzada de los bienes embargados, hasta cubrir la totalidad de los 684 mil millones de pesos.
