La justicia analiza la cadena de mando en la causa de extorsión a piqueteros. Las claves de las denuncias al 134 y el rol del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich?
Las denuncias anónimas recibidas en la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación fueron el detonante de un escándalo que hace años se mantiene en bambalinas: las sospechas de extorsión sobre los beneficiarios de planes sociales. Esas llamadas representan la punta de un ovillo que comenzó a desenredarse en los Tribunales de Comodoro Py, con la investigación que alcanzó a 45 hechos detectados en territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
La protección de identidad que comprometió el gobierno a quienes se atrevieron a contar los supuestos aprietes fue determinante para obtener los primeros datos que permitieron abrir el expediente, por eso ahora les preocupa que la exposición del caso ponga en riesgo las líneas de sospecha.
A24.com pudo saber que la justicia hubiera deseado mantener a resguardo los procedimientos para evitar que las filtraciones pusieran en alerta a los posibles eslabones en la cadena de mando de las organizaciones involucradas. No obstante, fuentes tribunalicias señalaron que el entorpecimiento del trabajo no llegó a mayores.
Para proteger la pesquisa, el juez federal Sebastián Casanello tomó dos decisiones: por un lado, dispuso el secreto de sumario, y por el otro, extrajo testimonio de las actuaciones para solicitar que se investigue si existió delito en la filtración de los 28 allanamientos que ordenó realizar la semana pasada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
Esta denuncia basada en la duda de que haya existido una fuga de información cuando se había pedido máxima reserva, fue asignada por sorteo a la jueza Maria Eugenia Capuchetti.
Mientras tanto, la Justicia sigue analizando las pruebas obtenidas para terminar de delinear las imputaciones y definir los llamados a indagatoria.
En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello dispuso el secreto de sumario, antes de autorizar un nuevo allanamiento en busca de información relacionada con la rendición de gastos en las organizaciones sociales investigadas por presunta extorsión a piqueteros.
Según explicó una testigo, los planes Potenciar Trabajo consisten en el giro del dinero a las unidades de gestión controladas por las organizaciones sociales o los intendentes, para que se ocupen de repartirlo entre los ciudadanos vulnerables que lo soliciten.
Con este dato, quieren enfocarse en la facturación de las asociaciones a la que pertenecen los dirigentes sospechados, que provienen del Polo Obrero (PO), el Movimiento Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
A todo esto, quedó pendiente la respuesta a un planteo de nulidad del allanamiento en la sede de la Asociación Civil Polo Obrero, entre otras razones porque se realizó sin aviso previo, teniendo en cuenta la restricción que rige para las cooperativas.
El lunes el fiscal Pollicita responderá el reclamo, y la última palabra la tendrá el juez.
Asimismo resta que se defina si el Ministerio de Capital Humano podrá convertirse en querellante en la causa. La cartera que dirige Sandra Pettovello tiene mejor chance de lograrlo que la de su par, Patricia Bullrich. Recordemos que Casanello rechazó un pedido similar del Ministerio de Seguridad, porque entendió que era incompatible con su rol como auxiliar de la justicia.
Este expediente surge de una denuncia efectuada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en base a las llamadas recibidas a través de la Línea 134, donde hasta el 20 de diciembre de 2023 se registraron más de 13 mil mensajes, de los cuales 924 llegaron a la justicia por cumplir con los parámetros de verosimilitud con algún delito. En Comodoro Py quedaron 45 casos con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, y los otros fueron derivados a la jurisdicción donde se detectaron los hechos.
Aunque el juez Casanello aún no determinó quiénes quedarán imputados, el fiscal Pollicita apuntó contra 28 personas, para quienes le pidió al juez que disponga su detención e indagatoria.
En su requerimiento, el fiscal sostuvo que logró comprobarse preliminarmente que actuaron bajo el amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, valiéndose de las facultades que les otorgó el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para administrar el Plan Potenciar Trabajo.
Indicó que tiene elementos para presumir que estas personas amenazaban sistemáticamente a los denunciantes de darlos de baja del plan o negarles alimentos si no cumplían con sus exigencias.
Para mantenerlos como beneficiarios de la prestación social, les exigieron dinero, o les cobraron por la entrega de alimentos que recibían gratuitamente del gobierno, los obligaron a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional para quedarse con las ganancias, los forzaron a participar de movilizaciones de las agrupaciones políticas a las que pertenecen, e incluso a repartir volantes de candidatos a comicios electorales.
A su vez, Pollicita determinó que habían montado un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las movilizaciones, la confección de “listas de castigados”, la imposición de multas por faltar a una marcha, y la prohibición de retirar alimentos por plazos determinados.
El fiscal Gerardo Polliccita encontró elementos para sospechar de 28 personas ligadas a las organizaciones sociales, por lo que le pidió al juez Sebastián Casanello que ordene su detención y los llame a declarar en indagatoria. Según la investigación estas serían las razones por las que deberían quedar imputados en la causa:
El juez Casanello ordenó la inhibición preventiva de los bienes de todos los investigados a la vez que ordenó las pericias de todo el material secuestrado durante los 32 allanamientos simultáneos.
Incautaron 31 teléfonos celulares, 31 notebooks, recibos de pago, y planillas de asistencia a manifestaciones. Además encontraron 33 tarjetas de crédito, 199 euros, 76.764 dólares y 8.769.909 pesos en efectivo.
