Bajo el liderazgo de Patricia Bullrich, el oficialismo espera que la norma tenga media sanción la semana que viene en el Senado. La Casa Rosada amaneció blindada por la marcha convocada por la CGT.
Patricia Bullrich encabeza el debate del proyecto de reforma laboral (Foto: archivo).
En medio de un clima de tensión por la marcha convocada por la CGT para este jueves frente a la Casa Rosada, el oficialismo, con Patricia Bullrich al mando de la comisión de Legislación del Trabajo y la de Previsión Social, continúa con el debate de la ley de reforma laboral y espera obtener dictamen “entre hoy y mañana”.
Después de un arranque caracterizado por polémicas por la conformación de las comisiones, Bullrich, ya designada como presidenta de la Comisión de Legislación Laboral, busca avanzar con los debates y la búsqueda de apoyo de aliados al Gobierno.
Para seguir adelante con un dictamen de mayoría, La Libertad Avanza necesita que, en cada comisión, haya un mínimo de nueve legisladores dispuestos a firmar un despacho.
Ambas comisiones están integradas por 17 senadores: cinco del oficialismo, cinco del kirchnerismo (que no pueden firmar porque no presentaron a sus candidatos y buscan judicializar la conformación de las comisiones), y siete dialoguistas de distintas fuerzas provinciales que responden a gobernadores que ya estuvieron negociando con la Casa Rosada.
Desde el entorno de Bullrich confiaron a A24.com que “los números están bien” y confían en poder obtener “dictamen entre hoy y mañana”.
La idea del Ejecutivo y sus representantes en el Senado es aprobar la reforma laboral antes de fin de año. La sesión para darle media sanción a la ley “sería el 26 (de diciembre) si todo va como estamos pensando”, dijo a A24.com una alta fuente del oficialismo.
En medio de una fuerte polémica con el kirchnerismo, Patricia Bullrich arrancó el miércoles un plenario de comisiones que dio lugar a la disertación de representantes de las dos CTA y la CGT, que criticaron el proyecto de reforma laboral. En tanto, representantes de empresarios y del campo respaldaron la iniciativa.
De parte del Gobierno fue a defender el proyecto el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
El debate continuaba este jueves con una larga lista de oradores delegados de entidades públicas, abogados, jueces, entidades defensoras de derechos laborales y sindicales y banqueros.
Por la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional del Trabajo, Alejandro Sudera puso énfasis en el punto de traspaso de los conflictos laborales del fuero federal a la Ciudad, y consideró “positivo" que se regule el tema de los juicios por la actualización de salarios e indemnizaciones, y “que no se deje librado al criterio de los jueces”.
Después habló Roberto Pompa, presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, en representación del Foro por la Defensa del Derecho al Trabajo y la Justicia Social, quien, en cambio, rechazó el proyecto de modernización laboral porque considerar que “contraría violentamente imposiciones en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos de las personas”.
Por su parte, el asesor legal de la CGT, Pablo Topet, considero que la reforma laboral “es un retroceso importante” en derechos, porque “se reduce el salario en materia de jornadas, permite disponibilidad individual colectiva, modifica las relaciones de trabajo, amplía la capacidad de los empleadores de modificar el contrato de trabajo de forma unilateral y se permite el pago de 12 cuotas de la indemnización”, entre otros puntos que consideró “inaceptables”.
Lo siguió en el debate Guillermo Crespo, de la Asociación de Abogados Laboristas, que calificó como “negativo” y un “retroceso del derecho de los trabajadores” y cuestionó, entre otros puntos, el artículo relacionado con el banco de horas y el salario dinámico, que abre la posibilidad a que los empleadores paguen los salarios en especies, y los aumentos ya no se negocien por inflación (IPC) sino por mérito.
También fue invitado, entre otros referentes de la asociación de bancos, Marcelo Mazzon, director de ABAPRA, que disertó sobre el sistema de financiamiento para la creación de fondos de indemnización laboral.
Mientras se debatía la reforma laboral en el Senado, la Casa Rosada amaneció fuertemente custodiada por efectivos de las tres fuerzas de seguridad y la policía de la Ciudad, en un operativo conjunto coordinado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a la espera de la marcha convocada por la CGT a Plaza de Mayo a partir de las 15.
Alrededor de mil efectivos fueron destinados al operativo, que se irá monitoreando hasta su desconcentración, dijeron fuentes oficiales.
Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que “el derecho a manifestarse está garantizado”, pero expresaron que “ese derecho no habilita a cortar calles, rutas, ni accesos estratégicos, ni a impedir la libre circulación”, por lo que ratificaron la orden del Gobierno de aplicar el protocolo antipiquetes.
“El Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público es claro: las manifestaciones deben desarrollarse sin bloquear la vía pública. Quienes decidan marchar ocupando calles o avenidas estarán incumpliendo la ley y quedarán sujetos a la intervención de las fuerzas de seguridad, que actuarán de manera gradual y conforme a los procedimientos establecidos", señalaron las fuentes consultadas.
Y advirtieron: “En caso de cortes, se intimará a liberar la traza y, de persistir la situación, se avanzará con el despeje correspondiente”.