Entre las víctimas se encuentra una trabajadora del área de prensa del municipio, quien describió tocamientos y amenazas dentro de las oficinas públicas. Otra mujer denunció agresiones en el auto particular del entonces intendente durante traslados laborales en plena pandemia. Una tercera víctima relató que en 2018 Constantino la llevó a un depósito bajo el pretexto de entregarle indumentaria para un ballet y allí la violó.
Tras conocerse las denuncias, en Gilbert se realizaron manifestaciones que reclamaron su suspensión e incluso la intervención del municipio. Pese a negar los hechos, y luego de ser condenado en primera instancia, Constantino cumplió prisión domiciliaria hasta que la Justicia provincial rechazó sus recursos y ordenó su traslado a una unidad penitenciaria.
La condena fue ratificada en agosto de 2023 por la Cámara de Casación de Entre Ríos y, posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia provincial desestimó una impugnación extraordinaria en abril de 2024. Con la decisión de la Corte Suprema, la pena quedó definitivamente firme.