Ambas jurisdicciones están obligadas acordar de manera bilateral el monto de la transferencia de facultades y funciones de seguridad al distrito porteño, como establece la ley N° 27.606. La Casa Rosada dice que la Ciudad no quiere dialogar y, mientras tanto, sigue “abonando mensualmente" a la administración porteña por el servicio transferido hasta que haya un acuerdo definitivo.
La pulseada entre Alberto y Rodríguez Larreta por los fondos viene desde septiembre del año pasado, en plena cuarentena, cuando una facción de la Policía Bonaerense se acuarteló en el Conurbano y la Quinta de Olivos en reclamo de mejoras salariales, por lo que el Presidente apeló a ese punto y medio de coparticipación que la Ciudad tenía de más -y que, en rigor de verdad, ya se venía negociando entre ambos- para asistir a Axel Kicillof.
Luego, en diciembre, el Congreso refrendó esa redistribución de fondos que la Casa Rosada había hecho por decreto, a la vez que Rodríguez Larreta llevaba el planteo a la Corte. El 1,18% adicional que la Nación reasignó a la provincia de Buenos Aires había sido otorgado a la Ciudad en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri, que apenas empezado su mandato redireccionó esos fondos a la administración porteña en concepto del traspaso de la Policía Federal.
Como si este diferendo no fuera de por sí espinoso, la Corte Suprema tiene que resolver además la disputa por la presencialidad de las clases en la Ciudad. Se espera ese fallo para los próximos días.