El gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual ordena excluir del beneficio de doble indemnización por despidos a los funcionarios con cargos jerárquicos del Estado, en una medida destinada a funcionarios que fueron designados en el gobierno de Mauricio Macri y pese a tratarse de planta política, se niegan a renunciar.
En los argumentos del DNU número 156/2020 se aclara en la norma que declaró la emergencia ocupacional "aludió a la dinámica del empleo asalariado registrado privado" y que este nuevo decreto busca "aclarar los alcances de la doble indemnización por despidos sin causa justificada ante "la situación que se ha suscitado en distintos organismos del Estado" en los que "altos directivos pretenden encontrarse abarcados por la emergencia ocupacional".
Recuerda que a través del Decreto N° 34/19 se declaró la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días a partir de su publicación en diciembre pasado, y se estableció que en caso de despido sin justa causa la trabajadora o el trabajador tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización que correspondiere según la legislación vigente.
"Esa medida fue concebida para atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales, de modo de poder establecer pautas esenciales para el incremento de la demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo", señala el nuevo DNU que será elevado a la Comisión Bicameral del Congreso para su aval.
El DNU fue firmado por el presidente Alberto Fernández y todos sus ministros y abarca desde los cargos de directores, subsecretarios y secretarios de organismos dependientes del Estado nacional, incluídos el PAMI y la ANSES.
Raul Martinez quien fue designado como gerente general en Arsat durante el Gobierno de Mauricio Macri, se atrincheró porque no quería dejar su cargo en el organismo.
Con la llegada del Frente de Todos, fue Pablo Tognetti el elegido para ocupar el puesto de gerente general en la compañía estatal.
Pero el funcionario macrista no sólo no quería dejar su puesto, sino que también pidió una millonaria indemnización. Lo acompañaron en su decisión otros 10 políticos dentro de Arsat.
Lo mismo ocurrió con Aerolíneas Argentinas. Juan Ignacio Uribe, ex director de Recursos Humanos de la empresa aérea trabajó dos años y 11 meses y exige el pago de $418 millones, a razón de casi $12 millones por mes trabajado. El argumento es el mismo que Martínez: lo despidieron tras el cambio de gobierno en plena vigencia del DNU de Alberto.
Cuando Uribe se enteró por telegrama de la desvinculación publicó un mensaje en las redes sociales. “Desvincularon a nueve directores y 30 gerentes (con trabajos técnicos y sin militancia política) sólo por haber ingresado durante los últimos cuatro años. Doloroso e incomprensible”, escribió para justificarse.
