Diputados aprobó la ley Hojarasca y el Gobierno ahora avanza con los cambios al régimen de Zonas Frías

La propuesta apunta a revisar legislación impulsada por distintas administraciones y avanzar con la eliminación de regulaciones que, según el Ejecutivo, generan costos innecesarios para el Estado y limitan libertades individuales. Además, contempla la fusión y eliminación de organismos públicos creados a partir de esas normativas.

Entre los principales argumentos del proyecto, el Gobierno sostiene que muchas de las leyes vigentes quedaron desactualizadas, fueron superadas por normas posteriores o regulan cuestiones de escasa relevancia. También cuestiona la existencia de trámites administrativos que, según describe el proyecto, incrementan gastos para los ciudadanos y suman burocracia estatal.

La iniciativa plantea además una revisión del esquema normativo bajo el principio de que las actividades permitidas por la Constitución Nacional no necesitan una ley específica que las habilite. En ese sentido, el proyecto remarca que debe prevalecer un criterio de “máxima libertad” por sobre modelos basados en mayores niveles de control estatal.

En ese marco, el texto oficial señala que durante décadas se consolidó una lógica en la que se presume que determinadas acciones están prohibidas salvo autorización expresa del Estado. Frente a eso, el proyecto cita el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que ningún habitante está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de aquello que no prohíbe.

El proyecto plantea además una revisión del esquema normativo bajo el principio de que las actividades permitidas por la Constitución Nacional no necesitan una ley específica que las habilite. En ese sentido, el proyecto remarca que debe prevalecer un criterio de “máxima libertad” por sobre modelos basados en mayores niveles de control estatal.

Un Estado "sobrerregulador"

El Gobierno también cuestiona corrientes ideológicas vinculadas al intervencionismo estatal predominantes durante el siglo XX y sostiene que parte de la legislación vigente responde a una concepción basada en la sobrerregulación. Según el proyecto, ese esquema derivó en restricciones para el desarrollo económico y personal, además de la creación de organismos y estructuras consideradas innecesarias.

Con la aprobación en Diputados, la ley Hojarasca quedó más cerca de convertirse en una de las principales reformas impulsadas por el oficialismo dentro de su estrategia de reducción del gasto público y desregulación estatal. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada en el Senado para definir su sanción definitiva.

Régimen de Zonas Frías

En tanto, el debate continúa con la reforma de la normativa de subsidios al gas. El oficialismo busca reformar el régimen de subsidios de Zonas Frías con el objetivo de concentrar la asistencia estatal en los sectores de menores ingresos y en las regiones que históricamente estuvieron alcanzadas por el beneficio. La iniciativa ya obtuvo dictamen de mayoría y forma parte de la estrategia del Gobierno para reorganizar el esquema de financiamiento energético.

El proyecto propone avanzar en una mayor focalización de los subsidios luego de la ampliación aprobada en 2021, que extendió el alcance del régimen a casi la mitad de los usuarios residenciales conectados a la red de gas. Según sostiene el oficialismo, esa modificación provocó desequilibrios porque permitió el acceso al beneficio a usuarios con ingresos altos o que, por su situación económica, no requerían asistencia estatal.

En ese marco, la propuesta plantea limitar los descuentos tarifarios únicamente a los hogares incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Dentro de ese universo se incluyen usuarios con ingresos netos equivalentes a hasta tres Canastas Básicas Totales, titulares del Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, excombatientes de Malvinas que perciban una pensión vitalicia y hogares que tengan al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Con esta modificación, el Gobierno busca reducir el alcance del esquema actual y direccionar los subsidios hacia sectores considerados vulnerables, en línea con el ajuste del gasto público y la revisión de los programas de asistencia energética.