El Gobierno analiza con senadores de LLA modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Ante las diferencias internas de criterios, la mesa política del Gobierno respaldó las modificaciones que habilitó Bullrich e impulsó esta reunión para encontrar un mecanismo de consenso.

Al encuentro fueron convocados los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, y de Legislación General, Nadia Márquez. También fue invitado un representante de cada bloque provincial que llevaron los reclamos de los gobernadores. Durante el tratamiento del proyecto, el último jueves 16 de julio en la Cámara alta, esos espacios marcaron sus disferencias en los artículos que habilitan la compra de tierras por parte de agentes extranjeros.

Las negociaciones para destrabar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es uno de los proyectos claves solicitados por el presidente Javier Milei para atraer inversiones extraanjeras, en línea con otros proyectos como el RIGI, el SuperRIGI y la de Inocencia Fiscal, y según los planes del oficialismo, esperan conseguir los 37 votos para darle media sanción en la sesión del 6 de agosto convocada tras el pedido de cuarto intermedio en el Senado.

El proyecto generó además diferencias en el propio oficialismo, entre la jefa del bloque de senadores de LLA con la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Villarruel acusó a Bullrich de filtrar una discusión de Whats app entre ambas, poco antes de la última sesión, en la que la vicepresidenta resaltaba el reclamo de los jugadores de la selección argentina cuando mostraron una bandera con el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas tras el partido de la semifinal contra Inglaterra.

El debate se concentró en esa sesión en los bloques dialoguistas de la oposición, que desde la UCR y el PRO, plantearon entonces la necesidad de poner límites a la habilitación de la venta de tierras que contengan recursos naturales y en zonas fronterizas para que los mismos no pasen a manos privadas extranjeras. Alertaron por el riesgo de que se termine fragmentando el territorio federal, perdiendo soberanía a manos privadas o de Estados extranjeros.

El objetivo ahora del Poder Ejecutivo es llevar el próximo 6 de agosto un nuevo texto para aprobarlo tras el receso invernal en el Congreso.

Entre los gobernadores que reclamaron cambios a la ley se destaca el santafesino, Maximiliano Pullaro, quien pasó por la Casa Rosada el miércoles para firmar un acuerdo con el Gobierno nacional por el traspaso de una importante ruta nacional a la provincia. En ese marco, desde su entorno confirmaron los reclamos para que el gobierno modifique el proyecto original.

Cerca de Pullaro admiteron que "el proyecto así como está no sale", aunque destacaron que contiene algunas cosas positivas como " los cambios en la ley de manejo del fuego y la de expropiaciones".

Tampoco ven factible la pretención de crear un regimen propio para darle a cada provincia la potestad de decidir sobre el territorio federal y los recursos naturales que las incluye, sobre todo por la necesidad de evitar que los mismos pasen a manos privadas o incluso, del narcotráfico. Los funcionarios de Santa Fe coincidieron en el reclamo de que "el Senado apruebe cambios al proyecto" enviado por el Gobierno nacional.

Desde el Ministerio que comanda Sturzenegger, uno de los principales interlocutores era el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. Ante la consulta de A24.com, reconocieron desde esa área que el pedido para "que las provincias puedan hacer su propio régimen, es inconstitucional".

Además defendieron el texto original de la ley al señalar que "la igualdad entre inversores nacionales y extranjeros está en la Constitución Nacional y la competencia para reglamentar el derecho de propiedad o compra de tierras es federal", por lo que debería seguir en manos del Gobierno federal, y no de cada provincia.

Cerca de Sturzenegger reconocieron que si bien las provincias tienen potestad sobre sus recursos naturales, es la nación la última instancia de responsabilidad de las mismas porque "el territorio es federal".

En ese marco, en la Casa Rosada aclararon que lo que buscan es un texto intermedio para "poner ciertos reaseguros para autorizar que pueda discutirse. Pero no que las provincias hagan un régimen cada una y definan si se puede comprar o no. Eso es como tener 24 constituciones nacionales".

"Las provincias tienen injerencia sobre los recursos naturales. Pero siempre es dueño el Estado nacional, más allá de quien tenga la propiedad de la tierra. Y el cuidado de las fronteras también es federal", remarcó un alto funcionario ante la consulta de A24.com.