La Secretaría de Trabajo encabezada por Julio Cordero busca impedir medidas de parte de personal de tierra en el aeropuerto en la Ciudad de Buenos Aires. El viernes 150 vuelos y 15 mil pasajeros fueron afectados por las medidas.
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria para evitar que los gremios aeronáuticos hagan asambleas
La Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, dictó este lunes al mediodía la conciliación obligatoria para evitar que los gremios aeronáuticos hagan asambleas en Aeroparque, y así impedir nuevas demoras y reprogramaciones de vuelos, como pasó la semana pasada, por las reuniones de empleados del sector en medio de los reclamos salariales.
Las asambleas informativas de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), sindicato que representa al personal de tierra en las terminales aéreas, de rampas y empleados que realizan los check-in debían iniciarse a las 11 pero tras conocerse la Conciliación Obligatoria en el conflicto, y una vez que fueron notificados los gremios, se decidió dejar sin efecto la realización de las mismas.
Previamente Cordero criticó, en declaraciones a Radio Mitre: "No podemos negociar salarios si hacen un paro".
El secretario de Trabajo advirtió, en relación a las protestas de la semana pasada: "Vi a pasajeros desesperados, estamos mal acostumbrados, no podemos hacer una negociación salarial si hacen un paro, por las dudas. Algunos gremios quieren demostrar fuerza, en una demostración que en otros lugares del mundo se hace primero por el diálogo, el consenso".
Mientras tanto, y en el marco del creciente conflicto que involucra a distintos gremios aeronáuticos, el PRO presentó un proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas.
Según argumentaron, de esta manera la empresa podría operar "bajo criterios de eficiencia comercial" y "mejorar la calidad del servicio que beneficiará a todos los ciudadanos”.
El proyecto de ley elaborado por Hernán Lombardi y acompañado por otros 20 legisladores del PRO, ya fue enviado al Congreso argumentando que se han dado “años de corrupción, el uso de la empresa como un nicho para acomodar militancia partidaria, y la extorsión por parte de algunos sindicatos”, sostienen que esta situación ha tenido “un costo de millones de dólares a todos los argentinos”.
