El gobierno de Jujuy comunicó este martes que comenzaron a aplicarse multas vinculadas a las protestas contra la reforma constitucional en la provincia, registrándose hasta la fecha "más de 100 procesos iniciados".
El gobierno de Jujuy empezó a aplicar grandes multas por las protestas contra la reforma constitucional. (Télam)
El gobierno de Jujuy comunicó este martes que comenzaron a aplicarse multas vinculadas a las protestas contra la reforma constitucional en la provincia, registrándose hasta la fecha "más de 100 procesos iniciados".
"Las imputaciones contravencionales se han llevado adelante contra personas físicas y jurídicas. Hay ya más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas van de los 500 mil a los 2 millones de pesos", señaló en conferencia de prensa el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro.
Los procesos iniciados están vinculados a los cortes de ruta que llevan más de dos semanas y las manifestaciones donde hubo represión policial, entre ellas, la del 20 de junio pasado, cuando el gobernador Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC), presidió la jura de la reforma en medio de protestas en distintos puntos de la capital jujeña.
"La policía de la provincia, a través del departamento contravencional, va a seguir con los trabajos cada vez que se corte las rutas y no se permita el paso, lo que implica que las sanciones se pueden repetir en las personas físicas o jurídicas", acotó el funcionario sobre la sumatoria de multas, que "pueden llegar hasta los 2.500.000 pesos".
El Fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Rivas, señaló que también viene denunciando ante la justicia local la perpetración de delitos en todo el territorio desde el 17 de junio, fecha en la que tuvo lugar una primera represión policial, en el corte de ruta que aún llevan adelante comunidades originarias en el ingreso al poblado de Purmamarca.
Respecto a los distintos hechos denunciados, Rivas agregó que "se trata de acciones ilícitas, perpetradas por personas violentas, con una virulencia majestuosa, que realmente están atacando el orden constitucional".
Agregó que "de ninguna manera se trata de hechos aislados, sino planeados y ejecutados por individuos violentos, organizaciones sociales y políticas" y que "se va a instar a que de forma inmediata se proceda a la detención efectiva de los delincuentes".
Al volver a indicar que el Estado va a intervenir como querellante en la totalidad de los procesos penales, Rivas apuntó que se buscará "se apliquen los montos mayores de penas previstas para cada delito", tanto para los "autores materiales, cómplices e instigadores" y que pueden sumar "hasta 25 años de cárcel".
