La jueza Loretta Preska firmó un fallo que obliga al país a pagar una indemnización de 16 mil millones de dólares por la expropiación de la petrolera en 2012. Ahora, el gobierno de Milei cambió de estrategia y presentó una apelación.
El Gobierno apeló ante los tribunales de Nueva York el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al país a pagar una indemnización de US$ 16.100 millones por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012 sosteniendo que el caso tiene que ser juzgado en el país y que se “inflaron enormemente” los daños de los demandantes.
El escrito fue presentado ayer por los abogados que representan al país, pero sus detalles se dieron a conocer hoy.
La línea de la apelación, el primer avance en el caso bajo el Gobierno de Javier Milei, sigue la misma argumentación de la defensa del Estado argentino durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
En el documento, la Argentina le pidió a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revierta el fallo del tribunal de Preska, el cual “aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina al respaldar los reclamos de los demandantes”.
En esa línea, le pidió que se expida sobre si la jueza “cometió un error al ejercer jurisdicción” sobre un caso que involucra “las demandas de accionistas de una empresa argentina bajo la Ley argentina contra la República Argentina”.
“El tribunal otorgó el fallo a favor de los demandantes, interpretando preguntas complejas de la Ley argentina y, en su mayoría, estableciendo nueva jurisprudencia argentina a favor de los demandantes en casi todos los aspectos”, señalaron en el escrito los abogados del estudio Sullivan & Cromwell, que continúan representando a la Argentina.
En ese sentido, el Estado Argentino insiste en que la demanda “nunca debería haber llegado a un tribunal de Nueva York” y que debió haberse realizado en el país.
“El demandado es la República Argentina, los eventos en cuestión ocurrieron exclusivamente dentro de la Argentina, y todos están de acuerdo en que las demandas deben ser analizadas únicamente a través del prisma de la ley argentina”, indica el documento, divulgado en la plataforma X (antes Twitter) por Sebastián Maril, director regional de la consultora Latam Advisors, quién sigue de cerca el caso.
Los demandantes (Burford Capital y Eton Park) iniciaron la demanda por la forma en que el Estado nacionalizó la petrolera al comprar el 51% de las acciones de Repsol sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.
Los estatutos señalan que cuando algún accionista se hace cargo del 51% de las acciones –tal como sucedió cuando el Estado y las provincias se hicieron de la participación de Repsol- se debía realizar una oferta al resto.
En abril de 2015, Burford compró en una subasta en España los derechos de litigio por US$ 16 millones a Petersen Energía, de la familia Eskenazi, que había adquirido el 25,4% de YPF a Repsol entre 2008 y 2011 y que presentó la demanda poco después de quebrar.
Burford se quedaría con el 70% de la indemnización y el 30% sería para Petersen y sus acreedores.
Respecto a este punto, al ser un caso que debería juzgarse en el país, los abogados señalaron que “el sistema legal civil de la Argentina no reconoce una demanda por incumplimiento de contrato y daños por parte de un accionista contra otro por violación de los estatutos corporativos” y que el Código Civil argentino “limita estrictamente la concesión de indemnizaciones pecuniarias (en dinero)” a menos que el cumplimiento “sea imposible o el contrato haya sido terminado”.
Del mismo modo, señalaron que el Estado se hizo cargo oficialmente de las acciones de Repsol en 2014 cuando pagó la operación, momento en el cual el demandante (Petersen Energía) ya no tenía acciones en la firma.
En ese sentido, los abogados plantearon qué hubiera ocurrido en un caso a la inversa contra Estados Unidos.
“Si un tribunal extranjero permitiera a los demandantes demandar al gobierno de Estados Unidos bajo la ley estadounidense por conductas que ocurrieron en EEUU, creara una causa no previamente reconocida por los tribunales estadounidenses, y luego dictara un fallo de más de US$ 2 billones (la proporción equivalente del gasto federal de EEUU el año pasado), el gobierno de los Estados Unidos, el sistema legal estadounidense y la comunidad internacional estarían justamente shockeados”, enfatizaron.
