La ejecución de la ley de Emergencia en Discapacidad quedó suspendida hasta que el Congreso cumpla una determinada condición determinada por la Ley de Administración Financiera.
El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero postergó su aplicación
La Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, fue promulgada por el Gobierno este lunes, tras el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, según lo establece el Decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La normativa había sido objetada por el Poder Ejecutivo semanas atrás bajo el argumento de que su puesta en marcha implicaría un fuerte impacto fiscal para las cuentas del Estado. Pese a ello, tanto la Cámara de Diputados como el Senado insistieron con su sanción y la convirtieron en ley por mayoría especial, obligando al Gobierno a promulgarla en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.
Desde la Casa Rosada remarcaron que la ejecución de la norma supondría un gasto estimado de $3,02 billones para el ejercicio 2025, equivalente al 0,35 % del Producto Bruto Interno (PBI). Solo la creación de la nueva pensión representaría $2,16 billones, mientras que para 2026 se proyecta un costo de $4,70 billones, lo que equivale al 0,47 % del PBI.
El decreto oficial señala que el presupuesto vigente de la Administración Nacional “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Incluso si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado, “ello resultaría igualmente insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”.
El Gobierno recordó que la Ley de Administración Financiera (24.156) exige que toda norma que autorice gastos no previstos en el presupuesto general especifique las fuentes de financiamiento. “La facultad otorgada al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”, enfatiza el texto.
Además de la nueva pensión, la implementación de la ley contemplaría el financiamiento del Programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a los titulares de pensiones no contributivas, con un gasto adicional de $574.200 millones para 2025 (0,07 % del PBI) y $1,23 billones para 2026 (0,12 % del PBI). A esto se suma la compensación económica de emergencia para prestadores, que representaría $278.323 millones (0,03 % del PBI).
En su momento, el Ejecutivo había advertido que avanzar con la medida “pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención, perjudicando a las personas a quienes se pretende proteger” si no se garantiza su financiamiento.
Más allá de la suspensión, el Gobierno dispuso un refuerzo presupuestario para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a través de la Decisión Administrativa 24/2025, también publicada en el Boletín Oficial. La medida implica reasignar fondos desde la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro para garantizar la atención de gastos impostergables vinculados al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
El ajuste comenzará a regir el 1° de octubre y busca dar respuesta al reclamo de actualización formulado por los prestadores, que desde hace meses advierten sobre la insuficiencia de los aranceles para cubrir la atención de los beneficiarios.
En paralelo, el Ejecutivo comunicó formalmente al Congreso la promulgación de la ley y dejó en manos de los legisladores la tarea de definir las fuentes de financiamiento que permitan su ejecución efectiva. Solo entonces, subraya el decreto, se podrá avanzar con la implementación de la emergencia nacional en discapacidad.
