La decisión la confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras el rechazo del Congreso al veto de Milei. La norma fortalece el sistema de prestaciones básicas, actualiza automáticamente aranceles y refuerza el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El Gobierno confirmó que promulgará la ley de discapacidad, pero no la aplicará hasta definir el financiamiento
El Gobierno nacional confirmó este lunes 15 de septiembre que promulgará la Ley de Discapacidad, que el Congreso ratificó tras rechazar el veto del presidente Javier Milei, aunque aclaró que su aplicación quedará en suspenso hasta definir el financiamiento. Así lo confirmó Guillermo Francos, el jefe de Gabinete.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente”, explicó el ministro en declaraciones a Clarín.
La normativa había sido impulsada por bloques opositores y logró un amplio consenso parlamentario, incluso con el apoyo de sectores que habían sido aliados del oficialismo. Tanto en la sanción original como en la insistencia que anuló el veto presidencial, la iniciativa alcanzó la mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.
Y agregó: "Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas".
El funcionario dejó claro que el Poder Ejecutivo (PE) cumplirá con su obligación de promulgar la ley. "También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos".
"No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?", completó.
La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación estimó que la iniciativa podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493.000 y 946.000 personas, con un refuerzo fiscal de entre $1.889.371 y $3.627.495 millones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.
Además, el financiamiento por compensación de emergencia a prestadores se situaría en $278.323 millones, mientras que la asignación para talleres de producción ascendería a $7.160 millones.
Entre los puntos principales, la ley garantiza el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. Podrán acceder quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), no registren ingresos superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, no perciban planes similares y superen una evaluación socioeconómica.
La asignación corresponderá al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado, siempre que los ingresos no excedan el tope fijado. Además, todas las pensiones no contributivas otorgadas antes de la ley se transformarán automáticamente, evitando que los beneficiarios deban realizar nuevos trámites.
La norma también fortalece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901, estableciendo la actualización automática de aranceles según el IPC del Indec.
Asimismo, se definió un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores vinculados al sistema de discapacidad, que incluye la condonación de intereses, multas y sanciones, así como la posibilidad de refinanciar planes de pago activos y caducos.
Finalmente, la ley refuerza el financiamiento y funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo encargado de articular las políticas públicas en esta área.
