Javier Milei recibió en las últimas horas una nueva denuncia judicial presentada por diputados opositores. En la causa Spagnuolo se levantó el secreto de sumario. Las sospechas por las que se mantienen abiertos los expedientes. ¿Audios editados con Inteligencia Artificial?
La acumulación de denuncias por presunta corrupción en el círculo más íntimo del Gobierno nacional aumenta la presión en plena campaña electoral por el riesgo de desgaste institucional y la posibilidad de que las pesquisas terminen en imputaciones formales.
Se trata de los expedientes que investigan las compras de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); el posteo del presidente difundiendo la criptomoneda $LIBRA; y la acusación contra Karina Milei por el supuesto pedido de dinero para conseguir una audiencia con el presidente Javier Milei.
Por el momento ninguno de los involucrados fue llamado a indagatoria, mientras los casos se encuentran en pleno análisis del Ministerio Público Fiscal (MPF), con material de prueba obtenidos a través de pedidos de informes, allanamientos, apertura de teléfonos e incluso el levantamiento del secreto bancario que alcanzó al primer mandatario, su hermana y a otros funcionarios ligados a la Casa Rosada.
A todo esto, el viernes se sumó una denuncia contra Milei que presentaron los diputados de Encuentro Federal, Mónica Fein y Esteban Paulón, por incumplimiento de deberes de funcionario público debido a la demora en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La coincidencia es que la causa recayó por sorteo en el juzgado federal número 11, que está subrogando Sebastián Casanello, y que este año trabaja con el fiscal Franco Picardi, quienes son los mismos que tienen a cargo el caso ANDIS.
El escrito solicita que se analice la responsabilidad del Jefe de Gabinete Guillermo Francos, la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy, y el director del Registro Oficial, Walter González.
Advierte que “la ley debe estar publicada en el Boletín Oficial y promulgada para poder dar cumplimiento, ya que el Senado informó formalmente al Ejecutivo de la insistencia sobre el proyecto original el 4 de septiembre pasado”.
Recordemos que el presidente vetó el proyecto de Emergencia en discapacidad, pero el Congreso respaldó la insistencia y ratificó la Ley.
El jueves último se levantó el secreto de sumario de la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Desde ese momento todas las partes involucradas tienen acceso al expediente judicial.
De acuerdo a lo que averiguó A24.com no existen elementos que sustenten la afirmación que hizo el presidente Javier Milei durante su acto de campaña en Córdoba, cuando dijo que los audios que se le atribuyen al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, “están hechos con inteligencia artificial”.
Esta causa se inició tras la difusión de grabaciones con la voz de Spagnuolo a través del canal de streaming Carnaval. En ellas se escucha que dice: “A Karina le debe llegar el 3%. Si es el 5% y el 1% se va en la operatoria, 1% es para mí y vos Karina te llevas el 3%. Seguidamente deben hacer así. Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al presidente”.
Fuentes judiciales explicaron que los audios no comprenden el objeto principal de la causa, sino que se basan en el análisis de la documentación obtenida a través de los procedimientos.
Con el levantamiento del secreto se revelaron más detalles de la declaración testimonial del asesor de la Libertad Avanza (LLA) Fernando Cerimedo.
Le contó a la justicia que Diego Spagnuolo, le dijo a Javier Milei y a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello lo mismo que se escucha en los audios que impulsaron esta investigación.
Agregó que en otra conversación, hablando sobre una disputa con Lule Menem por una nota periodística que lo dejaba mal parado y que supuestamente se las atribuyó a Spagnuolo y a Cerimedo, el titular de la ANDIS expresó: “¿Cuál es el pedo de los Menem? Y ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esa nota la operamos porque él [por Spagnuolo] se estaba quedando afuera”.
En cuanto al teléfono Iphone 16 de Diego Spagnuolo, el informe de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) al que tuvo acceso A24.com destacó que “evidenciaba el borrado de información previo a su entrega a la instrucción, así como también intentos de restablecimiento de la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo”.
Para el fiscal Picardi, los mensajes eliminados podrían resultar de utilidad para el caso, por eso solicitó que se ordene a la empresa Telecom Personal Argentina que ponga a disposición de la DATIP, una tarjeta SIM impactada con el número de Spagnuolo, y que se proceda a la sincronización del último backup almacenado en iCloud, en búsqueda de recuperar material probatorio que el imputado haya eliminado manualmente de su dispositivo.
En tanto, el juez Casanello deberá resolver un pedido de nulidad planteado por los empresarios involucrados en esta causa, porque entienden que los audios que le dieron origen “violan el derecho a la intimidad del señor Diego Spagnuolo”. A su vez, pone en duda la veracidad de la grabación.
La causa ANDIS está caratulada “Milei Javier y otros s/defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles”.
Mientras la Comisión investigadora por las criptomonedas $LIBRA espera que Karina Milei confirme si acudirá a la citación en el Congreso, el fiscal que tiene delegada la investigación judicial, Eduardo Taiano, se negó a mostrarle a los diputados las actuaciones “toda vez que está vedado por lo establecido en el artículo 204, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación”, que le otorga ese derecho solo a las partes involucradas.
Taiano aclaró que "el proceso se encuentra en plena etapa de instrucción, con numerosas diligencias en trámite, que tienen por objeto establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos denunciados".
Por este escándalo hubo denuncias en Comodoro Py y en San Isidro. Después de varias idas y vueltas, la justicia resolvió que el expediente debía tramitar en el juzgado porteño de Maria Servini, actualmente de licencia por razones de salud.
Por otro lado, se inició otro caso contra la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei, por la posible comisión de delito de cohecho, tráfico de influencias y por infringir la Ley de Ética Pública. Se basó en la sospecha de que pedía dinero para programar reuniones en la agenda de su hermano, y que uno de los que habría pagado para verlo en la Casa Rosada sería el empresario Hayden Mark Davis.
Esa causa la recibió por sorteo el juez Marcelo Martínez de Giorgi que también está trabajando con el fiscal Taiano. Por su vinculación con el caso $LIBRA quiso remitirla al juzgado de Servini, pero la magistrada la rechazó. Finalmente la Cámara Federal las mantuvo separadas, hasta que la semana pasada surgió una novedad.
Fue el juez Ariel Lijo como subrogante de Servini quien decidió unificar $LIBRA con el sumario por la presunta venta de audiencias con Milei, y se envió a Martínez De Giorgi, pues entendió que entre ambos legajos existe “una mancomunidad probatoria (y de personas imputadas) que, a los fines de lograr una mejor administración de justicia y evitar un dispendio jurisdiccional, exige la tramitación conjunta”.
No obstante, el expediente no parece terminar su recorrido por Tribunales, porque a pesar de que Martínez de Giorgi está de acuerdo en la unidad de sentido de la causa, consideró que debe ser la Cámara Federal la que defina esta discusión.
Los jueces entienden que más allá del incidente acerca cuál debe ser el juzgado a cargo, no se puede pensar que pone en riesgo el desarrollo de la pesquisa pues desde el principio está delegada en la misma fiscalía.
$LIBRA comenzó con el posteo de Javier Milei el 14 de febrero pasado, donde adjuntó el enlace de un contrato para adquirir un cripto activo que según describió se utilizaría para financiar proyectos privados argentinos empleando la tecnología blockchain.
El problema fue que el precio inicial fue U$S 0,01, y luego de la publicación de Milei su cotización subió hasta los U$S 5. Sin embargo, a las pocas horas, se desplomó como consecuencia de operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token y sus principales tenedores.
La sospecha es que los involucrados habrían tenido información privilegiada respecto del lanzamiento y la difusión que impulsó el primer mandatario, lo les habría posibilitado aumentar sus ganancias y retirarse con aproximadamente 100 millones de dólares.
