La administración de Javier Milei busca negociar la cuestión salarial con los sindicatos luego de los paros realizados la semana pasada y la advertencia del oficialismo de privatizar Aerolíneas Argentinas.
En medio del conflicto con Aerolíneas Argentinas, el Gobierno se reúne hoy con los gremios aeronáuticos
Este lunes al mediodía se reanudarán las negociaciones entre Aerolíneas Argentinas y los gremios aeronáuticos, en un contexto de alta tensión tras los recientes paros sorpresivos y la decisión del Gobierno nacional de desregular el servicio de rampas en los aeropuertos.
Las medidas de fuerza impactaron fuertemente en el funcionamiento de los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza, afectando a cientos de pasajeros.
Además, el conflicto escaló con la advertencia del Ejecutivo sobre un posible cierre o privatización de la empresa si no se alcanzan acuerdos que garanticen su funcionamiento sin nuevos conflictos.
El pasado viernes, representantes de Aerolíneas Argentinas y los sindicatos, entre ellos la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), retomaron el diálogo con la condición de que no se realicen más medidas de fuerza mientras dure la negociación.
Durante la reunión, los gremios expusieron su demanda de un ajuste salarial, alegando que los sueldos presentan un atraso de casi el 90% en comparación con diciembre de 2023.
El Gobierno, representado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mostró disposición para negociar un incremento salarial que supere el 14%, siempre y cuando los gremios acepten modificaciones en el convenio colectivo.
Entre las condiciones se propone la eliminación de beneficios como el uso de remises y pasajes gratuitos en períodos festivos, lo que, según las autoridades, ayudaría a reducir los costos operativos de la aerolínea, preparándola para una posible privatización.
“Nosotros verdaderamente esperamos que ya se empiece a establecer este período de negociación, donde una de las condiciones especiales es que no existan medidas de fuerza. Yo no puedo estar negociando con medidas de fuerza de uno de los negociadores, es como si yo te dijera ‘bueno, ok, te voy a despedir personas y ahora me siento en mi negocio, te hice un montón de despidos, te investigo, no despidos justificados, sino despido porque quiero y entonces me siento a negociar’. O sea, de la misma manera, uno espera que no haya medidas de fuerza del otro lado, pero si eso no sucede, se tomarán todas las recaudas que haya que tomar”, señaló Cordero en diálogo con Radio Mitre.
La semana pasada, el conflicto laboral se intensificó tras un paro sorpresivo de Intercargo, que dejó a pasajeros varados en los aviones y sin acceso a su equipaje.
Como respuesta, el Gobierno despidió a 16 empleados de Intercargo y anunció la apertura del mercado de rampas a otras empresas, lo que significa una desregulación de ese servicio.
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo dio a los gremios un ultimátum: si no se presenta un plan de trabajo que asegure la operación estable de Aerolíneas, se avanzará en un Plan Preventivo de Crisis que podría culminar en el cierre de la aerolínea estatal.
En declaraciones a Radio Mitre, Francos enfatizó que el Gobierno está decidido a explorar todas las opciones para asegurar el servicio a los pasajeros, y que una de las alternativas en análisis es la privatización de la compañía o, en su defecto, entregarla a los empleados.
"Estamos dispuestos a avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas", sostuvo Francos, advirtiendo que de no alcanzarse un acuerdo, “la empresa podría llegar a su fin”.
Las próximas horas serán clave en este proceso de diálogo, en el que ambas partes deberán acercar posturas para evitar nuevas medidas de fuerza y asegurar la estabilidad de una de las aerolíneas más importantes del país.
En paralelo, el Poder Ejecutivo busca llevar a la Corte Suprema de Justicia un fallo que favoreció a APLA, con el objetivo de revocar una medida cautelar que suspendió por tres meses los decretos 825 y 831. Estas normativas, emitidas en septiembre, establecieron al sistema de aeronavegación civil como servicio esencial, exigiendo a los gremios informar de las huelgas con cinco días de anticipación y asegurar un mínimo del 50% del servicio en caso de paro.
El juez laboral Ricardo Hierrezuelo dictó la cautelar argumentando que el derecho de huelga está protegido en el artículo 14 bis de la Constitución y en tratados internacionales como el convenio de 1987 con la OIT.
