Mariano Recalde y Vanina Siley acusaron ante el Consejo de la Magistratura a la magistrada de San Isidro de ordenar detenciones arbitrarias contra militantes kirchneristas tras un escrache frente a la casa de Espert. El PJ también se pronunció.
Los consejeros del Consejo de la Magistratura, Mariano Recalde y Vanesa Siley, presentaron una denuncia contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por considerar que incurrió en “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” al ordenar la detención de siete personas, de las cuales cinco aún están presas, después de un escrache frente a la casa del diputado libertario José Luis Espert.
El eje del reclamo gira en torno a la detención e incomunicación de siete personas, cinco de las cuales permanecen privadas de la libertad, por su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 17 de junio frente a la vivienda del legislador liberal. Allí, un grupo de militantes arrojó bolsas con excremento y pasacalles con consignas como “Espert sos una mierda, con CFK no se jode”.
Entre los detenidos se encuentran dirigentes identificados con Unión por la Patria, como Alexia Abaigar, quien es funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense, y Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales del peronismo en Quilmes, muy cercana a la intendenta Mayra Mendoza. También fueron arrestados Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes.
Según los denunciantes, la figura penal utilizada por Arroyo Salgado, que incluye los delitos de asociación ilícita, amenazas coactivas y actos discriminatorios por motivos políticos, carece de sustento legal y configura una respuesta judicial “desproporcionada”, en un caso que, sostienen, debería haberse encuadrado como una infracción de carácter municipal.
En el escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura, Recalde y Siley denuncian que la jueza incurrió en “un accionar arbitrario e ilegal” y que su actuación se enmarca en un esquema de persecución política. “Se trató de una acción simbólica, sin violencia y sin daños a la propiedad, que fue castigada con prisión preventiva, incomunicación y traslado a cárceles de máxima seguridad”, señalan.
Uno de los casos más graves es el de Alexia Abaigar, quien padece una enfermedad autoinmune severa que compromete su capacidad pulmonar. A pesar de que la defensa advirtió sobre su estado de salud, la magistrada ordenó su traslado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. La Procuración Penitenciaria de la Nación y el CELS intervinieron como amicus curiae para advertir sobre las condiciones inadecuadas de detención.
“La jueza fue informada por los abogados de Abaigar que padece una enfermedad autoinmune severa, pero la situación no fue atendida”, subraya la presentación. En la tarde de hoy, se conoció la decisión de Arroyo Salgado de conceder la prisión domiciliaria para Abaigar, definición a la que prestó conformidad también Espert.
Para Recalde y Siley, la causa constituye un ejemplo del uso del aparato judicial “como herramienta de disciplinamiento social” y “al servicio de los intereses políticos del gobierno nacional”. Por eso, pidieron que el Consejo de la Magistratura investigue la actuación de Arroyo Salgado y evalúe su eventual remoción por mal desempeño.
La causa judicial que originó el conflicto sigue en curso. Mientras tanto, el debate político y jurídico sobre el límite entre el castigo penal y el derecho a la protesta se reaviva con fuerza en el ámbito institucional.
El Partido Justicialista emitió un comunicado para cuestionar también a la jueza Arroyo Salgado. "Nuestro país atraviesa un proceso de Terrorismo de Estado de baja intensidad, impulsado por el gobierno de Javier Milei y el poder económico; que utilizan a la mafia judicial, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad para desplegar sus dispositivos de represión y persecución política sobre artistas, periodistas, jubilados, militantes y todo aquel que proteste o piense diferente", consideró el PJ en línea con lo planteado ayer por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sobre la prisión de la exmandatario, el partido peronista opinó que se trata de una medida "injusta" y "el caso más grave y resonante de esta persecución" denunciada.
"Ante la violación permanente del Estado de Derecho y las garantías constitucionales, todos los argentinos y argentinas que no acepten ese disciplinamiento de violencia y humillación, hoy viven bajo libertad condicional; hasta el ridículo de terminar con militantes políticas detenidas en una cárcel de máxima seguridad por una contravención municipal", criticó.
Además, exigió la "liberación de los militantes políticos ilegalmente privados de su libertad" y pidió que se "investiguen penalmente los abusos e irregularidades cometidos por la jueza Arroyo Salgado".
A la vez, el partido respaldó la denuncia radicada en Consejo de la Magistratura de la Nación por los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley.
