La fiscalía sostiene que Calvete actuaba como un operador sin cargo formal dentro de la agencia, pero con capacidad de influir en la selección de proveedores, la aprobación de compras y la distribución de fondos.
El misterioso Miguel Calvete: de la causa AMIA y sus vínculos con el MODIN a la sospecha de ser un "cajero" libertario.
Miguel Ángel Calvete volvió a quedar en el centro de la escena pública tras su detención por la causa ANDIS, un expediente judicial que investiga un presunto entramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero su nombre, sin embargo, no es nuevo en la vida política y empresarial argentina.
Durante décadas, Calvete se movió entre distintos mundos: del supermercadismo chino a la militancia política pasando por la consultoría privada y diversas organizaciones empresariales.
Su irrupción en los medios se dio como vocero de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas, desde donde se convirtió en referencia habitual para opinar sobre precios, consumo y comercio minorista.
Esa exposición le permitió dar el salto a la política local: fue concejal de La Matanza por Cambiemos entre 2015 y 2019, cargo desde el cual presidió la comisión de Salud Pública. Sin embargo, su nombre circulaba en ámbitos políticos desde mucho antes.
Según reveló el periodista Horacio Lutzky en diálogo con A24.com, Calvete tuvo “vínculos con el Modin y con figuras carapintadas de los años 90 que lo dejaron en la lupa de los investigadores de la causa AMIA”.
Incluso declaró como testigo en el primer juicio por el atentado y llegó a mencionar públicamente que la mañana de la explosión había estado con Jorge Pacífico, uno de los ex carapintadas imputados en aquel proceso. Su rol no fue central, pero sí lo ubicó en un radio político sensible y lo acompañó como parte de una biografía marcada por contactos heterogéneos.
El capítulo más grave, sin embargo, llegó en estos tiempos y con la causa ANDIS. La fiscalía sostiene que Calvete actuaba como un operador sin cargo formal dentro de la agencia, pero con capacidad de influir en la selección de proveedores, la aprobación de compras y la distribución de fondos.
Secuestros de teléfonos y documentación en allanamientos alimentaron la hipótesis de que su intervención servía para direccionar contratos de medicamentos con sobreprecios y que coordinaba pagos y gestiones como si se tratara de una estructura paralela al propio organismo estatal.
La investigación abarca a más de una decena de imputados, entre empresarios, funcionarios y asesores, y ubica a Calvete como una pieza clave del engranaje.
El caso también salpicó a su familia. Su hija Ornella renunció a su cargo en el Ministerio de Economía después de que, durante un procedimiento judicial, se encontraran en su domicilio unos 700.000 dólares en efectivo. En los intercambios de mensajes analizados por la Justicia aparecen conversaciones entre ambos sobre cómo enfrentar posibles allanamientos y sobre porcentajes asociados a gestiones políticas, intercambios que la fiscalía considera relevantes para reconstruir la dinámica del presunto esquema ilícito.
A su presente judicial se suma una condena previa: en 2019 recibió una pena de cuatro años de prisión por explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, causa en la que se describía el uso de departamentos para esa actividad. Si bien la sentencia no había quedado firme, la reactivación de los procesos actuales impulsó su detención y reforzó la imagen de un empresario y operador envuelto en múltiples controversias.
Calvete, que al momento de ser indagado decidió no responder preguntas, permanece detenido mientras avanza una investigación que podría tener ramificaciones políticas y empresariales de gran alcance.
