El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad deberá declarar hoy en Comodoro Py por la causa que investiga un presunto esquema de coimas en contrataciones del organismo. La defensa sostiene que los audios serían falsos y generados con inteligencia artificial.
El caso Diego Spagnuolo y el escándalo en ANDIS.
La causa que investiga presuntos pedidos de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra este miércoles en uno de sus momentos más sensibles. A las 13 horas, en los tribunales federales de Comodoro Py, deberá declarar como imputado Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, acusado de integrar un esquema de corrupción ligado a la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad.
La indagatoria, a cargo del fiscal Franco Picardi, podría definir el rumbo del expediente que sacudió a la administración pública y que dejó fuertes interrogantes sobre el manejo del Programa Incluir Salud.
El llamado a indagatoria alcanza también a otros funcionarios y empresarios vinculados a presuntas irregularidades en contrataciones públicas: Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros. La lista sugiere que la Justicia sospecha de un entramado más amplio y sistemático, lejos de la acción individual de un funcionario.
Según señaló Picardi, “ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, de defraudación al erario nacional”, presuntamente articulado mediante el sistema informático SIIPFIS, pensado originalmente para aportar transparencia pero que, según la investigación, habría sido utilizado para la maniobra inversa.
Diego Spagnuolo tuvo que abandonar su cargo en medio de la polémica en ANDIS. (Foto: archivo)
La causa estalló públicamente cuando se difundieron audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que supuestamente se lo escuchaba describir un circuito de coimas ligado a la compra de medicamentos para beneficiarios del Programa Incluir Salud. En esos mensajes, cuya autenticidad se convirtió en un eje del expediente, se describía un funcionamiento paralelo dentro del organismo: proveedores preferidos, intermediarios, montos pactados y un mecanismo para liberar pagos solo a quienes aceptaban el sistema.
El impacto político fue inmediato. Spagnuolo tuvo que abandonar su cargo en medio de la polémica, mientras el Ministerio de Capital Humano activaba auditorías internas. En paralelo, la Justicia comenzó a recopilar información sobre las contrataciones realizadas durante su gestión y las de sus antecesores.
El punto más delicado es que las presuntas coimas habrían afectado la provisión de medicamentos, insumos y tratamientos destinados a personas con discapacidad con pensiones no contributivas, uno de los sectores más vulnerables del sistema de salud pública. La sola posibilidad de que hubiera un circuito ilegal alrededor de esos insumos generó fuerte repudio social y político.
La hipótesis central del fiscal de la causa es que existió una estructura organizada dentro de ANDIS que direccionaba contrataciones. (Foto: archivo)
La hipótesis central del fiscal Picardi es que existió una estructura organizada dentro de ANDIS que direccionaba contrataciones y manejaba el circuito de proveedores para asegurar retornos económicos.
Según el escrito del fiscal, el sistema SIIPFIS habría sido manipulado para simular procesos administrativos regulares, cuando en realidad se trataba de adjudicaciones previamente pactadas.
El funcionamiento habría tenido distintas capas:
1. Dirección política
Encabezada por quienes tenían capacidad de autorizar o vetar contrataciones. Según la imputación, Spagnuolo habría desempeñado un rol clave en esta etapa.
2. Operadores internos
Funcionarios de segunda línea que realizaban el “trabajo fino”: armado de expedientes, contacto con proveedores, liberación de pagos y gestión del circuito que la causa describe como “extra administrativo”.
3. Intermediarios
Empresarios o particulares que servían de puente entre el organismo y proveedores seleccionados.
4. Proveedores “alineados”
Las empresas que, según la investigación, habrían aceptado participar del sistema a cambio de asegurar adjudicaciones o agilizar trámites.
El Programa Incluir Salud, por su volumen de beneficiarios y demanda constante de medicamentos de alto costo, es considerado por los investigadores un espacio históricamente vulnerable a irregularidades.
La defensa de Spagnuolo, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, planteó una línea argumental inesperada: los audios serían falsos y habrían sido generados o modificados mediante inteligencia artificial.
D’Alessandro sostuvo que la grabación presenta “anomalías”, falta de continuidad y modulaciones que —según su postura— podrían indicar manipulación digital. La presentación judicial incluye el pedido de una pericia acústica y de análisis forense informático para verificar si el material fue editado.
El argumento busca no solo desacreditar la prueba más mediática del caso, sino también instalar la idea de que existió una operación política o interna destinada a desplazar a Spagnuolo del organismo.
En su descargo, además, el ex titular de ANDIS negó haber participado en cualquier tipo de circuito ilegal, sostuvo que los procedimientos fueron transparentes y señaló que su gestión impulsó controles más estrictos que —según él— habrían generado resistencia entre sectores afectados.
