“El atentado de 1994 en Buenos Aires fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán, en el marco de la Jihad Islámica, y con la intervención principal de la organización política y militar Hezbollah. Fue otra de las tantas expresiones de lo que algunos teóricos de la filosofía y sociología política denominan ‘Islamofascimo’ o ‘Islamoanarquismo’, en los que el acto terrorista se asume como un medio o técnica de la guerra revolucionaria sin limitaciones espaciales o temporales”, dice el fallo judicial.
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El atentado a la AMIA en 1994. (Foto: archivo)
Entre el contexto internacional y el fallo judicial, el gobierno terminó de maximizar los cuidados en áreas que consideran “sensibles o susceptibles a nuevo ataques”. La lista y los detalles son reservadas, pero las fuentes confirmaron el refuerzo de seguridad en aeropuertos, las embajadas de Estados Unidos y la de Israel, e instituciones culturales y religiosas de la colectividad judía.
Vale destacar que el fallo declaró, además, que ambos episodios (AMIA y Embajada) deben ser considerados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales.
Los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña determinaron que ambos atentados fueron planificados desde Irán y ejecutados por Hezbollah, organización a la que definieron como un virtual brazo armado para acciones terroristas.
El carácter de lesa humanidad, en el caso de la AMIA, ya había sido declarado por el juez Rodolfo Canicoba Corral hace casi dos décadas.
El tribunal rebajó, por otra parte, la condena contra el ex juez Juan José Galeano, quien pasó de seis a cuatro años de cárcel por el presunto pago ilegal al desarmador de autos Carlos Telleldín para que involucrara falsamente a policías bonaerenses en el atentado contra la mutual judía.
La resolución abre una instancia internacional inevitable. El falló exhortó al Estado argentino a formular un reclamo formal en tribunales internacionales contra la República Islámica de Irán.
