De este modo, se inicia un cronograma progresivo de adecuación al Sistema Acusatorio que según expresa la resolución ministerial “provee a los fiscales herramientas eficientes para llevar a cabo investigaciones complejas que puedan impactar en la criminalidad organizada” en el distrito territorial correspondiente a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO.
La orden se fundamenta en el Decreto N° 188/24, donde se detalla que “aproximadamente el SETENTA POR CIENTO (70 %) de los más de QUINIENTOS (500) homicidios cometidos en la ciudad de ROSARIO y su área metropolitana durante los años 2022 y 2023 se relacionan directa o indirectamente con el accionar de organizaciones criminales, cuyo desmantelamiento concierne de modo prioritario al fuero federal”.
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Al mismo tiempo, hace referencia a que la violencia en esa ciudad “ha recrudecido hasta alcanzar niveles inéditos en nuestra historia, producto de acciones aberrantes que buscan infundir terror en la población civil y amedrentar a las autoridades. La situación de emergencia imperante exige adoptar medidas urgentes, capaces de incrementar el protagonismo del ESTADO NACIONAL en relación con un fenómeno que representa una seria amenaza para la seguridad pública y el orden institucional”.
Los funcionarios judiciales pidieron un plazo para evitar improvisaciones
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dispuso la aplicación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de Rosario con el propósito de favorecer la persecución del narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.
En principio, la medida estaba pensada a partir del lunes 18 de marzo, hasta que tras una serie de entretelones entre los referentes del gobierno y Tribunales, la cartera judicial decidió diferir la puesta en marcha de su resolución hasta el 6 de mayo. La postergación fue un alivio para jueces, fiscales y empleados judiciales, quienes ya habían expresado que la aplicación del Sistema Acusatorio en cinco días era “temeraria con consecuencias imprevisibles".
Para defender el apuro de la medida, Cúneo Libarona aseguró que la grave situación en Rosario requiere actuar porque el sistema actual “es Inquisitivo, escrito, y cuenta con un fiscal y un juez que investigan”. En tanto, el Acusatorio coloca a “un fiscal versus la defensa…un fiscal que selecciona qué caso tramita, tiene principio de oportunidad, a la hora de elegir sumarios, y permite que un juez sea imparcial”.
Por su parte, el Procurador Eduardo Casal, estuvo de acuerdo con la pronta implementación del nuevo régimen procesal;, no obstante, señaló que necesitaría unos tres meses para la adecuación de la infraestructura que exige “el nuevo modelo organizacional del Ministerio Público Fiscal -las unidades fiscales- y que permita garantizar el resguardo de evidencia, la recepción y alojamiento transitorio de personas detenidas, el reemplazo del tradicional expediente a un legajo digital, así como la correcta atención de las víctimas y testigos”.
En una nota dirigida al ministro, Casal recordó que tiempo atrás le había enviado el análisis y diagnóstico de la situación de los recursos humanos y sus necesidades, la cuestión edilicia y tecnológica disponible, el estado de los laboratorios, las capacitaciones efectuadas a magistrados, funcionarios, empleados y fuerzas de seguridad.
A su vez, destacó que incorporó 27 fiscales a partir de la sanción de la ley 27.715 “Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe”; y reforzó las sedes de Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) y Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), para que colaboren con la esmerada tarea contra el crimen organizado.
El Procurador concluyó que “los avances institucionales señalados en el proceso de transición al sistema acusatorio, en particular en la jurisdicción federal de Rosario, son notorios, pero resultan insuficientes para la inmediata puesta en marcha del referido código de forma”.
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Impuesto a las ganancias: judiciales encabezan un paro por 24 horas (Foto: Telam).
El pedido del jefe de los fiscales fue respaldado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). Su presidente, el juez Andres Basso, reiteró “su compromiso con la implementación del nuevo régimen procesal, con la afirmación de que una modificación de tal envergadura debe ser necesariamente acompañada de los recursos pertinentes, las adecuaciones indispensables y en especial, de los plazos necesarios para asegurar una exitosa aplicación”. Luego consideró “auspiciosa la resolución ministerial por la que se difiere la entrada en vigencia de la normativa procesal”.
Asimismo, el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales, Julio Piumato, calificó como un “acto de sensatez” la postergación del nuevo Código Procesal hasta mayo, y agregó que “dicha puesta en marcha requiere contar con los fondos necesarios para dotar a las 5 cabeceras de la jurisdicción de todos los elementos necesarios”.
Piumato subrayó que se necesita “1) de la infraestructura edilicia, hoy más que deficiente en toda la jurisdicción, fundamentalmente en Rosario, Santa Fe y San Nicolás, 2) de la designación de todos los fiscales, jueces y defensores que faltan cubrir en las distintas dependencias de la jurisdicción 3) del refuerzo de todas las plantas de personal necesarias para afrontar esta puesta en marcha fundamentalmente los cargos necesarias en todas las unidades fiscales, en la defensorías, en los Tribunales Orales y en la oficinas judiciales que deben crearse en las 5 cabeceras de la jurisdicción 4) la capacitación a todos los estamentos del Poder Judicial y refuerzo a los de los Ministerios Públicos de la jurisdicción”.
¿Cómo serán los nuevos métodos de la Justicia contra el narcotráfico?
La puesta en marcha del Sistema Acusatorio coloca al MPF a la cabeza de las investigaciones, permitiendo simplificar y acelerar la tarea contra los delitos complejos, y garantizando el principio de igualdad entre las partes.
Ricardo Toranzos, como titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) advirtió “que el nuevo régimen legal impone importantes transformaciones culturales y de organización en las instituciones comprometidas con la función judicial, en especial en los fiscales que asumen la responsabilidad exclusiva de las investigaciones penales”.
En Argentina ya se está aplicando el mecanismo Acusatorio en Salta y Jujuy, donde según reveló la Unidad Estratégica Especial para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (UNISA), mientras el procedimiento anterior mantenía al 70 por ciento de los detenidos bajo el régimen de prisión preventiva, y sólo un 30 por ciento estaban condenados, en la actualidad se revirtió con el 79 por ciento de los reos condenados, y un 21 por ciento con prisión preventiva. Además, las causas obtienen sentencia en un plazo promedio de 7 meses, cuando antes los procesos se prolongaban por tres años.
Por eso, los fiscales insistieron en tomarse el tiempo necesario para la aplicación del nuevo CPPF, atendiendo que la situación de emergencia de seguridad en la ciudad de Rosario “permite afirmar que el abordaje de la problemática necesariamente se debe hacer con instituciones fortalecidas, basadas en un trabajo planificado, que evite cualquier interpretación o sospecha de improvisación”.
Una de sus preocupaciones es ordenar los alcances de la resolución del Ministerio de Justicia con base en la jurisdicción de Cámara Federal de Rosario, porque no solo comprende juzgados y fiscalías de la ciudad santafesina, sino de Santa Fe, Venado Tuerto y San Nicolás en la provincia de Buenos Aires.
Con la modificación del sistema, el proceso pasará a ser oral, por lo tanto se requerirá el registro a través de videos y audios, que deberán quedar a buen resguardo. También incorporará las audiencias orales con presencia del juez, la fiscalía que impulsará la investigación, el imputado y su defensa, y la víctima y la querella.
En definitiva, la crisis de violencia derivó en el anuncio de una serie de medidas para “darle un golpe al corazón a la mafia del narcotráfico”. En este sentido, el Ministerio de Justicia propuso cambios en el funcionamiento de los Tribunales de la Ciudad de Rosario que incluyen la mencionada aplicación del Sistema Acusatorio, la reforma del Código Penal, la aceleración de concursos para cubrir vacantes en los juzgados federales, el impulso de un proyecto de Ley de extinción de dominio sobre bienes obtenidos a través de la venta ilegal de drogas, y el refuerzo en el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) para controlar el lavado de dinero.
El Poder Ejecutivo describió su plan con el siguiente punteo:
- Implementación del Sistema Acusatorio destinado a: la persecución penal del crimen organizado y en especial el narcotráfico; brindar el máximo apoyo a jueces y fiscales para que avancen en las causas y elevarlas rápidamente a juicio, dejar a cargo del Ministerio Público Fiscal las investigaciones más complejas.
- Reforma del Código Penal: por tal motivo puso en marcha una comisión redactora para reformar el Código Penal con nuevas conductas punibles y elevación de las penas previstas para narcotráfico, crimen organizado y delitos asociados.
- Cubrir vacantes: solicitando al Consejo de la Magistratura de la Nación acelerar los concursos de las vacantes de jueces y fiscales pendientes en Santa Fe y el resto del país.
- Extinción de dominio: la idea es trabajar en un proyecto sobre secuestro de bienes y extinción de dominio que será enviado próximamente al Congreso; acelerar los procesos de decomiso y remate de bienes provenientes del narcotráfico.
- Fortalecer la delegación de la UIF en Rosario: el gobierno quiere enviar más agentes de respaldo para verificar y secuestrar sus bienes ilícitos.
- Nuevos espacios de confluencia: crear un espacio de trabajo físico para coordinar tareas de las justicias federales, provinciales y las agencias de investigación y seguridad.
