El Senado debate cambios en Salud Mental y dos proyectos para atraer inversiones y regular el mercado de carbono

Salud Mental, con diferencias sobre el financiamiento y las internaciones

La iniciativa que propone modificar la ley 26.657 llega al recinto después de una serie de conversaciones entre el Gobierno y legisladores de distintos bloques. Sin embargo, todavía hay reparos sobre cómo se financiarán los cambios y qué profesionales podrán intervenir en las decisiones relacionadas con las internaciones.

También genera debate el esquema de intervención de los equipos sanitarios. La propuesta plantea que las evaluaciones y decisiones vinculadas con las internaciones no dependan exclusivamente de un psiquiatra. En cambio, contempla la participación de un médico, preferentemente especializado en psiquiatría, o de un profesional formado en salud mental, junto con otro integrante del equipo interdisciplinario.

El alcance de esas funciones y la delimitación de las responsabilidades profesionales siguen siendo parte de la negociación. El oficialismo busca acercar posiciones con las provincias y los representantes del sector sanitario para conseguir respaldo parlamentario.

Beneficios fiscales para proyectos productivos

Otro de los asuntos previstos es el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), una propuesta promovida por Eduardo Vischi, jefe del bloque radical. El proyecto apunta a estimular inversiones productivas desde U$S 12 millones mediante herramientas de alivio tributario.

El esquema contempla la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA generados por la actividad económica.

Los beneficios alcanzarían proyectos relacionados con la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos, con excepción de los automóviles. También se incluirían obras directamente vinculadas con actividades productivas desarrolladas en el territorio nacional.

La iniciativa busca ofrecer una opción para empresas y economías regionales cuyos proyectos no pueden acceder a otros programas de promoción.

La propuesta para regular los créditos de carbono

El temario incluye, además, un proyecto para fijar reglas sobre la titularidad, inscripción y comercialización de créditos de carbono generados por iniciativas realizadas en el país. La propuesta fue impulsada por la senadora salteña Flavia Royón junto con otros legisladores.

Estos créditos pueden surgir de actividades que reduzcan emisiones contaminantes o permitan capturar carbono, como la reforestación, el desarrollo de energías renovables y determinadas prácticas agropecuarias. Según las condiciones de cada sistema, empresas y organizaciones pueden comprarlos para compensar parte de sus emisiones.

La iniciativa busca establecer procedimientos para registrar los proyectos y verificar las reducciones de emisiones, además de aportar previsibilidad a las transacciones. También propone incentivos fiscales y estabilidad tributaria para promover inversiones vinculadas con este mercado.

La oposición impulsa cambios en las tarifas de gas

Entre las propuestas opositoras figura el proyecto Abrigas, presentado por la senadora Alicia Kirchner junto con otros integrantes de su espacio. La iniciativa busca restablecer el régimen de Zona Fría, proteger a los hogares de ingresos bajos y medios frente al costo del gas y brindar previsibilidad al sistema energético.

La lista de asuntos complementarios se completa con un proyecto para incorporar cartas con pictogramas en establecimientos gastronómicos, una iniciativa para sumar educación emocional al sistema educativo y otra para transferir inmuebles nacionales a la Municipalidad de Puerto Madryn.

Por otra parte, distintos bloques pretenden impulsar una resolución para citar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al Congreso el 18 de noviembre, con el objetivo de que presente su informe de gestión.

El planteo se fundamenta en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso una vez por mes y alternar su asistencia entre la Cámara de Diputados y el Senado. La fecha propuesta deberá definirse en el marco de los acuerdos parlamentarios.