Elizabeth Gómez Alcorta renunció al ministerio de Mujeres tras el desalojo a mapuches en Villa Mascardi (Foto: Telam).
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó su renuncia “indeclinable” luego de denunciar violaciones a los derechos humanos en el operativo de desalojo de grupos autodenominados mapuches en Villa Mascardi. Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el presidente Alberto Fernández le aceptó su desvinculación al cargo.
A través de una carta presentada a Alberto Fernández, con copia al jefe de Gabinete, Juan Manzur, la ahora exfuncionaria dijo que “los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”.
Tal como expresa en el escrito, su desvinculación al cargo se enmarca en la avanzada del Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad organizado por Aníbal Fernández en la Patagonia, que culminó con 12 mapuches detenidos, entre ellas 7 mujeres (cuatro fueron trasladadas al Servicio Penitenciario de Ezeiza).
En el texto, Gómez Alcorta cuestionó “el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia”, y argumentó que dicho accionar “constituyen violaciones evidentes a los derechos humanos”.
Elizabeth Gómez Alcorta cargó ayer contra el fallo de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, a cargo de la causa. En diálogo con la AM750, sostuvo que "la incomunicación" dispuesta obstaculizó el derecho a la defensa para las mujeres apresadas, una garantía que está "en el texto constitucional y en los pactos internacionales". Consideró, además, "muy grave" el traslado de cuatro de ellas a "la cárcel de mujeres de Ezeiza".
Asimismo, recordó que el Estado argentino fue condenado el 25 de noviembre de 2019 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por un traslado judicial de unos detenidos en Neuquén a 800 kilómetros de su lugar de residencia.
"Nosotras no somos parte del expediente judicial, no somos parte del proceso. Nuestro rol es resguardar a todas las mujeres y, en este marco, nos preocupamos particularmente por las mujeres que viven en nuestro país y que padecen violaciones a sus derechos humanos. Estamos ante un caso de esas características", expresó Gómez Alcorta.
Incluso, remarcó que lo más grave "es que no se sabe aún hoy qué es lo que se les imputa".
