El funcionario judicial sostuvo que las declaraciones del gobernador podrían constituir delitos como incitación a la violencia, intimidación pública y amenaza de sedición.
El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia penal contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por las declaraciones en las que afirmó que el presidente Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”. Según el dictamen, los dichos podrían configurar delitos como incitación a la violencia colectiva, instigación a cometer ilícitos y afectación del orden constitucional.
La presentación judicial toma como base expresiones que el mandatario provincial formuló el lunes en el programa conducido por Gustavo Sylvestre, que se emite por Radio 10. En el escrito, el fiscal resalta especialmente un tramo en el que Quintela relató una conversación con gobernadores y dirigentes sindicales de la CGT, entre ellos Héctor Daer y el titular de UPCN, Andrés Rodríguez.
El fiscal transcribe el fragmento en cuestión: “Eso lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT, que estaban acompañados por Héctor Daer y por el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estábamos todos juntos y yo le planteé esto, tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones. Me dijeron: ‘Sí, bueno, pero acordate, digo, en el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí, tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo (...) Este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos así llegamos con un país totalmente destruido, entregado, guarda, guarda...”.
Para Stornelli, las manifestaciones adquieren “mayor trascendencia y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades, concretamente, como gobernador”. En ese marco, sostuvo que, prima facie, podrían encuadrar en los delitos previstos en los artículos 209, 211, 212, 213 y 226 bis del Código Penal, que contemplan figuras como instigación a delinquir, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición.
En paralelo, el dirigente de La Libertad Avanza en La Rioja y exconcejal, Javier Ruiz, presentó otra denuncia. Consideró que las declaraciones constituyen una instigación pública a alterar el orden constitucional y sostuvo que el gobernador habría utilizado su investidura para legitimar una eventual interrupción anticipada del mandato presidencial por vías no democráticas.
El denunciante también cuestionó el pasaje en el que Quintela mencionó las muertes de 2001 como “hay sacrificios que valen la pena”, y afirmó que de esas palabras podría inferirse “la posible participación en una estructura u organización política que habría asumido como legítima la exposición de personas a un contexto cierto y previsible de riesgo de muerte, con pleno conocimiento de las consecuencias que de ello podían derivarse".
En su presentación, Ruiz solicitó que la Justicia investigue si los hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles, y pidió que se convoque al gobernador a declarar para que detalle quiénes dieron las órdenes durante la crisis de 2001 y cuál habría sido su rol en ese contexto.
