La Cámara de Casación rechazó el recurso de la querella y quedó firme el sobreseimiento de los tres peritos que manipularon el teléfono del atacante de Cristina Kirchner. La investigación nunca pudo determinar cómo se produjo el reseteo del dispositivo.
El teléfono celular de Sabag Montiel nunca pudo ser abierto por los distintos peritos que manipularon el aparato. (Foto: archivo).
La posibilidad de esclarecer qué ocurrió con el celular de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el intento de asesinato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quedó clausurada. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la querella, y con ese fallo quedó firme el sobreseimiento de los tres peritos involucrados en las fallidas pericias al dispositivo.
Se trata de los peritos Alejandro Heredia, Camila Dafne Seren y Pablo Kaplan quienes manipularon el teléfono celular Samsung SM-A50 5G, propiedad de Fernando Sabag Montiel. El dispositivo fue secuestrado la misma noche del ataque, pasada la medianoche, e ingresó como evidencia al juzgado de la magistrada María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa que investiga el intento de magnicidio. A las 2:49 se dejó constancia formal de la recepción del aparato junto a una tarjeta de memoria Micro SD de 64 GB y un chip Movistar.
La primera intervención estuvo a cargo de Heredia, convocado por la Policía Federal. Su designación generó reparos porque no tenía experiencia en este tipo de procedimientos. “Se intentó la extracción entre cuatro y seis veces y daba negativo, no se pudo desbloquear”, declaró en el juicio oral Adrián Eduardo Acosta, entonces jefe de Cibercrimen de la PFA. Solo se logró acceder a la memoria externa, donde se hallaron las fotos de Sabag Montiel, junto con su novia, Brenda Uliarte, en pose con el arma utilizada en el ataque.
Luego de ese intento fallido, el celular fue colocado en un sobre de papel madera y enviado a una sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La encargada del traslado fue Priscilla Santillán, oficial de la PFA que todavía integra el equipo de custodia de la jueza Capuchetti. En el juicio oral, Santillán aseguró que entregó el sobre cerrado. En cambio, Seren y Kaplan, los peritos que lo recibieron en la PSA, sostuvieron que ya estaba abierto e incluso que el teléfono llegó encendido.
Esa segunda pericia también fracasó pero además culminó con el aparato reseteado a valores de fábrica. Lo que debía ser un procedimiento técnico se convirtió en una pérdida irreparable de información. Por eso se abrió una investigación penal paralela, que recayó en el juzgado de María Servini de Cubría.
En su defensa, los peritos de la PSA negaron haber cometido irregularidades. Kaplan argumentó: “No hay ninguna evidencia que permita inferir que este reseteo pudo haber estado vinculado causalmente a alguna irregularidad cometida en la órbita de nuestras funciones. Sí, en cambio, fueron detectadas irregularidades en otros tramos de la cadena de custodia”.
El fiscal Ramiro González solicitó archivar el expediente y en febrero pasado la jueza Servini de Cubría dictó el sobreseimiento de los tres especialistas. Según su fallo, no hay herramientas técnicas disponibles para explicar con certeza cómo y por qué se produjo el reseteo del dispositivo. “Con los medios que se cuentan resulta imposible ir un paso más allá y determinar con un mínimo de probabilidad las razones que efectivamente motivaron el reinicio del celular de Sabag Montiel”, concluyó.
Mientras tanto, la búsqueda de información en el aparato siguió abierta en otros frentes. A pedido de la fiscal del juicio, Gabriela Baigún, en marzo se realizó un último intento por acceder al contenido. Participaron peritos de la defensa, de la querella, técnicos de la DATIP de la Procuración General y especialistas de Gendarmería Nacional. Otra vez, el resultado fue negativo.
En paralelo, la jueza Capuchetti pidió colaboración internacional al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (Homeland Security), pero también recibió una respuesta negativa.
El sobreseimiento dictado por Servini de Cubría fue ratificado en abril por la Cámara Federal, pese a la apelación presentada por los abogados de la vicepresidenta. La querella llevó el caso a la Casación, pero ese recurso fue finalmente desestimado justo antes del inicio de la feria judicial. “La conclusión a la que se arribó cuenta con fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes que impiden la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido”, sostuvo el fallo firmado por la Sala I del tribunal.
