A través de una publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó este lunes el decreto que reforma la ley 22.802, de Lealtad Comercial, una iniciativa que forma parte del paquete económico anunciado el último miércoles.
Emocionante
El Gobierno oficializa la modificación de la ley de Lealtad Comercial y endurece las multas a empresas que no cumplan
La modificación de la norma pretende endurecer los controles a los supermercados, proteger a las pyme y regular la competencia en el comercio, además de establecer la aplicación de multas de hasta $ 200 millones para las firmas infractoras.
También prevé la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta cinco años, la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales y la clausura de hasta 30 días.
. En la norma se aclara que sus contenidos se aplicarán "en cualquier acto de competencia desleal, realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse".
"La aplicación, añadió, no está supeditada a la existencia de una relación de competencia entre los sujetos del acto de competencia desleal", y "no será necesario acreditar la generación de un daño, pudiendo éste ser actual o potencial".
El decreto subrayó que "la regulación de la competencia desleal se caracteriza por su falta de sistematización y escaso alcance, no existiendo una norma general que unifique las conductas desleales".
La normativa puntualizó que "resulta oportuno simplificar la normativa sobre publicidad comercial e identificación de mercaderías, posibilitando el establecimiento de mecanismos que faciliten al comerciante el cumplimiento de las normas, y al consumidor el acceso a la información".
Así, el decreto "propicia una mejora sustancial del procedimiento administrativo y su adaptación a los avances tecnológicos, y un marco jurídico moderno y eficiente, dentro de un marco de estabilidad e institucionalidad que otorgue certeza y previsibilidad".
Con respecto a las sanciones, la normativa contempla una multa económica de hasta 10 millones de unidades móviles, que actualmente representan $ 200 millones de pesos, y cuyo valor se actualiza por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec.
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