Según la acusación, el esquema habría tenido como objetivo apropiarse de fondos públicos y canalizar una parte de esos recursos mediante pagos que beneficiaban a los expresidentes y a su entorno familiar.
Los fiscales describieron una presunta asociación ilícita de carácter estable y permanente que habría funcionado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. De acuerdo con esa hipótesis, sus integrantes tenían funciones definidas tanto dentro como fuera de la estructura estatal.
La investigación también plantea que el mecanismo no se habría limitado a otorgar beneficios a empresarios vinculados con el poder, sino que habría incluido operaciones posteriores para transferir y disimular parte de las ganancias.
Hoteles, alquileres y propiedades: cómo habría funcionado la maniobra
La acusación señala que los presuntos retornos de la obra pública se habrían canalizado mediante distintas operaciones comerciales e inmobiliarias vinculadas con la familia Kirchner.
Entre los mecanismos mencionados figuran préstamos, compra de inmuebles, alquiler de los complejos hoteleros de su propiedad, mejoras en esos establecimientos y arrendamiento de propiedades.
En ese esquema, la fiscalía puso el foco en las relaciones comerciales con empresarios como Lázaro Báez y con integrantes del Grupo Indalo, entre ellos Cristóbal López y Fabián De Sousa. La hipótesis sostiene que las actividades hoteleras e inmobiliarias habrían servido para recibir dinero de origen ilícito y disimular su procedencia.
La acusación también apunta a la adquisición de propiedades que, según los investigadores, habrían sido incorporadas al circuito para concretar esas operaciones.
Qué rol le atribuyen a Cristina Kirchner
En el caso de la expresidenta, la fiscalía sostuvo que tuvo un papel central en la presunta estructura y afirmó que “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito.
La acusación también menciona la participación de Cristina Kirchner en la conformación de Los Sauces S.A., la inmobiliaria familiar que integró junto con Néstor y Máximo Kirchner y mediante la cual se adquirieron distintas propiedades.
Entre los inmuebles mencionados se encuentra el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria por la condena dictada en la causa Vialidad.
Las responsabilidades que se le atribuyen forman parte de la hipótesis de la fiscalía y deberán ser examinadas durante el desarrollo del juicio.
La acusación ubica a Máximo Kirchner, diputado nacional de Unión por la Patria, como uno de los presuntos organizadores de la asociación ilícita investigada. Según el requerimiento, el hijo de los expresidentes asumió la presidencia del directorio de la empresa familiar.
Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa también fueron señalados por la fiscalía como presuntos organizadores del esquema.