"Se van a convocar a organizaciones defensoras de los derechos del consumidor e intendentes a que se sumen a fortalecer los controles para que se cumplan los acuerdos con supermercados de la canasta de precios cuidados", anticiparon las fuentes consultadas por A24.com.
Según dejaron trascender en Casa Rosada, mientras Kulfas está convocando a empresarios para pedirles que no suban los precios y analizar cómo bajar la cadena de costos, además, a través de reconocidas ONG's ofrecerán nuevas herramientas -además de la app- a los ciudadanos para que controlen los precios.
Aclaran en Casa Rosada que "no solo se va a castigar a los que no cumplan precios cuidados" y ponen como ejemplos las clausuras que llevaron a cabo algunos municipios bonaerenses a supermercados chinos que intentaron cobrar comisiones de un 10% a las compras de beneficiarios de tarjetas alimentarias, sino que aseguran, se van a anunciar "premios para los comercios y empresas que cumplan".
¿Qué dice la ley de Góndolas?
El proyecto impulsado por la bancada del Peronismo Federal consiguió la media sanción el 19 de noviembre pasado y el Presidente pidió que el Senado la trate en sesiones extraordinarias en febrero.
La iniciativa busca regular el porcentaje de marcas que pueden tener presencia en las góndolas de supermercados y otros grandes comercios, con el objetivo de generar competencia entre las distintas marcas e incorporar nuevas.
Entre otros puntos, la norma que ya tiene media sanción en el Congreso, apunta a que una misma empresa o grupo económico no podrá disponer de más del 40% del espacio de góndola destinado a dicha categoría en el primer año de vigencia del programa, y 30% a partir del segundo año.
Establece además un mínimo de cinco proveedores por producto. Aplica para alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador, mientras que requiere de la elaboración de un listados de productos incluidos que se elaboraría en caso de que el proyecto se transforme en ley.
Los establecimientos alcanzados deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular.
La normativa, en caso de aprobarse tal como la aprobó Diputados, alcanzaría solamente a “supermercados e hipermercados”, que cuenten con más de 50 bocas de expendio en el país, lo que representa a unas 13 empresas que facturan $1.700 millones al año y comprenden el 26% de la cadena comercial del país. Las empresas más chicas, con menos de 345 empleados, quedarían excentas de cumplir esta normativa.