Así lo determinó el juez federal Sebastián Casanello después de haberlo llamado a una declaración indagatoria. El magistrado citó también a 23 acusados para las audiencias que comenzarán el próximo 11 de junio.
Eduardo Belliboni está inhibido por la justicia. (Foto: archivo)
En el marco de la causa que investiga la administración fraudulenta, coacción y extorsión a beneficiarios de planes sociales, el juez federal Sebastián Casanello ordenó la inhibición de bienes de Eduardo Belliboni. El líder del Polo Obrero había sido llamado a indagatoria el lunes.
En el expediente se investiga una presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El juez citó a indagatoria a 23 acusados que se realizarán en seis audiencias que comenzarán el próximo 11 de junio y se extenderán hasta el 25, cuando sea el turno de Belliboni.
La abogada Liliana Alaniz tomó la representación del líder del Polo Obrero, en tanto el juez dispuso la inhibición de bienes de Belliboni y la otra veintena de convocados a indagatoria.
El 15 de mayo, se tomó una mendida similar sobre las personas a las que había apuntado el fiscal Gerardo Pollicita. En ese caso, el juez no solo inhibió todos los bienes, además a pedido de la fiscalía, también incluyó las billeteras virtuales.
La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente.
Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py y hubo reportes de todo el país. El fiscal Pollicita se focalizó en las 45 casos que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Al rastrearlas, localizó a siete, de los cuales cinco de esas personas se animaron a declarar.
Con los allanamientos y la información secuestrada, el juez resolvió este lunes ordenar las indagatorias al sostener: “considero acreditado que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””, sostuvo el fiscal Pollicita en su acusación.
Casanello destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
La resolución afirmó que esa maniobra “se vio complementada con la exigencia” de acudir a marchas, aportar dinero y militar a algún candidato, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal.