El fiscal federal solicitó profundizar la investigación sobre las compañías que buscan petróleo en aguas próximas a las Islas Malvinas y pidió información societaria, financiera y logística. También requirió cooperación judicial con el Reino Unido.
Islas Malvinas: el fiscal Stornelli imputó a empresas petroleras y pidió investigar a sus accionistas
El fiscal federal Carlos Stornelli imputó este martes a directivos y accionistas de las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, de Gran Bretaña, por las actividades vinculadas con la búsqueda de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas.
En su dictamen, pidió investigar a las personas físicas y jurídicas que pudieran colaborar con el proyecto y determinar si las actividades denunciadas podrían constituir delitos contemplados en la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, además de posibles delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos.
La investigación tramita ante el juez federal Julián Ercolini y se originó a partir de una denuncia presentada la semana pasada por el Gobierno nacional.
El fiscal solicitó profundizar la identificación de los accionistas y de las personas o empresas que pudieran brindar logística, asistencia o cualquier otro tipo de colaboración a las compañías involucradas en la búsqueda de petróleo.
Stornelli también requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto toda la documentación que respalda la denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno, para incorporarla al expediente judicial.
Según el dictamen, el objetivo de la investigación será establecer si existieron actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, particularmente en zonas próximas a las Islas Malvinas, sin autorización de las autoridades argentinas.
El fiscal puso el foco en los antecedentes de Desire Petroleum Limited, anteriormente denominada Desire Petroleum Public Limited Company.
De acuerdo con lo consignado en la denuncia, esa empresa habría desarrollado actividades hidrocarburíferas sin contar con autorización argentina.
Stornelli citó en su presentación la Resolución 130/2012 de la Secretaría de Energía, mediante la cual se declararon ilegales las actividades desarrolladas por Desire Petroleum Public Limited Company en la Plataforma Continental Argentina.
Posteriormente, según el dictamen, la Resolución 457/2013 estableció una inhabilitación por 20 años para que la compañía desarrollara actividades en la Argentina.
La medida se habría fundamentado en que las operaciones eran realizadas sin autorización nacional y a partir de una licencia de exploración de hidrocarburos otorgada por autoridades británicas establecidas en las Islas Malvinas.
Para Stornelli, las conductas denunciadas podrían encuadrar, en principio, en delitos previstos por la Ley 26.659, sin perjuicio de otras figuras que pudieran surgir a medida que avance la investigación.
El fiscal también planteó la necesidad de determinar si pudieron existir delitos contra el medio ambiente, infracciones aduaneras o maniobras de lavado de activos relacionadas con las actividades denunciadas.
Entre las primeras medidas solicitadas, Stornelli pidió que se active el mecanismo de cooperación penal internacional con el Reino Unido para acceder a información sobre las empresas involucradas.
El requerimiento contempla obtener información societaria completa de Desire Petroleum Limited y Desire Petroleum Public Limited Company, incluyendo la composición de sus directorios y órganos de representación legal desde 2012.
También se busca acceder a documentación relacionada con eventuales licencias otorgadas para realizar actividades hidrocarburíferas en el territorio en cuestión. El mismo pedido de información deberá alcanzar al denominado grupo Rockhopper.
Además, el fiscal solicitó que, en la etapa procesal correspondiente, se requiera información bancaria relacionada con la explotación comercial y con las personas físicas que hubieran actuado en nombre o beneficio de las compañías investigadas.
La causa comenzó a partir de la denuncia presentada la semana pasada por el canciller Pablo Quirno y el procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, ante los tribunales federales de Comodoro Py.
El planteo judicial apunta a las personas físicas y jurídicas vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion y sostiene que debe investigarse un supuesto esquema empresarial cuya composición, según el Gobierno, deberá determinarse durante el proceso.
La presentación se produjo luego de la cadena nacional del jueves pasado y de la posterior publicación en el Boletín Oficial del Decreto 868/2026, que introdujo modificaciones relacionadas con la aplicación de la Ley 26.659.
La norma, sancionada en 2011 a partir de una iniciativa del entonces legislador Fernando “Pino” Solanas, regula las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina y establece sanciones para quienes operen allí sin autorización de las autoridades nacionales.
