La Oficina del Presidente informó que ampliará causas ya iniciadas y promoverá nuevos expedientes contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago. Las presentaciones también alcanzarán a directivos y responsables de las decisiones investigadas.
La Oficina del Presidente informó que ampliará causas ya iniciadas y promoverá nuevos expedientes contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en Malvinas. (Foto: archivo)
El Gobierno anunció este miércoles que impulsará nuevas denuncias penales contra empresas que presuntamente desarrollan actividades hidrocarburíferas en las islas Malvinas. La medida incluirá además a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan participado de las decisiones bajo investigación.
La información fue difundida por la Oficina del Presidente, que precisó que las acciones judiciales contemplarán tanto la ampliación de expedientes ya existentes como la presentación de nuevas denuncias. Según indicó el Ejecutivo, el objetivo es avanzar sobre todos aquellos que considere responsables de vulnerar la soberanía argentina sobre el archipiélago.
La decisión se suma a una serie de medidas adoptadas en los últimos días por la administración nacional en relación con la actividad petrolera en las islas.
El lunes, la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, junto con el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion. Entre las firmas señaladas se encuentran Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
De acuerdo con datos difundidos previamente por el Gobierno, actualmente existen 60 personas humanas y jurídicas alcanzadas por procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659.
La normativa, vigente desde 2011, prohíbe el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización de la autoridad argentina competente. Además, establece sanciones que incluyen inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para quienes incumplan sus disposiciones.
En esa misma línea, el Poder Ejecutivo publicó el 4 de septiembre el Decreto 868/2026, que busca agilizar los procedimientos administrativos relacionados con este tipo de infracciones.
Las nuevas denuncias fueron anunciadas mientras el Gobierno también avanza con otras iniciativas vinculadas a la cuestión de la soberanía.
Entre ellas figura la instrucción presidencial para otorgar prioridad al desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que deberá ser remitido al Congreso el próximo 15 de septiembre.
A diferencia de la presentación realizada días atrás por el proyecto Sea Lion, el comunicado difundido este miércoles no identificó a las empresas que podrían quedar alcanzadas por las nuevas acciones judiciales.
