En el inicio de la declaración de Ramos, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade consultó al juez federal cómo explica en términos jurídicos el concepto de 'filtración' de datos.
En ese sentido, Sebastián Ramos pidió que se lo dispense de declarar sobre puntos que ya están definidos en la resolución escrita de la causa.
Al respecto, el magistrado reiteró en más de una oportunidad: "No me voy a mover ni una palabra de la resolución" porque "no solamente me perjudica en lo personal que yo pueda hacer alguna modificación con lo que ya está escrito en la resolución, sino que también puede perjudicar el derecho de defensa a los involucrados en la causa".
En otro pasaje de su declaración, Ramos sostuvo que "la violación a la intimidad puede ser llevada a cabo por actividad propiamente estatal o privada. Así se podría ver afectado la garantía de un particular", sea o no funcionario público, aclaró.
23-02-2023_la_comision_de_juicio_politico.JPG
El diputado oficialista Rodolfo Tailhade. (Télam)
El magistrado señaló que "dictar el archivo" de la causa "fue una medida urgente" y aclaró que "en esa causa se pudo habilitar la feria judicial porque se solicitaba medidas como el aseguramiento urgente de una medida de prueba", como el allanamiento de un teléfono celular.
Al finalizar su declaración, Ramos negó tener algún tipo de relación y conocimiento con el asesor de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro.
La declaración de Alejo Ramos Padilla
Después de dos horas del inicio de la reunión, llegó el turno del juez federal Ramos Padilla, quien manifestó que "si lo que van a discutir acá es la utilización o no de las escuchas en un proceso de juicio político, quiero recordar que lo hicieron durante 3 años conmigo mientras llevaba varias causas".
Sobre la utilización de las escuchas ilegales como prueba en una causa judicial, Ramos Padilla recordó que durante la gestión anterior "se usó el espionaje ilegal a través de la Agencia de Inteligencia en operaciones que se montó para hacer persecución política en el penal de Ezeiza".
Allí el diputado López planteó que esas intervenciones telefónicas "estaban autorizados por un juez", lo que el diputado Leopoldo Moreau (FDT) aclaró que "lo que fue ilegal fue la circulación de la transcripción de esas conversaciones".
"Conozco como se fraguaron esas escuchas y se intentaron blanquear. Por eso creo que la Corte tuvo una alta responsabilidad en como se estaba usando las escuchas en Argentina, ya que solo sacó una acordada en 2019 y no hizo una denuncia penal", apuntó.
A diferencia de su colega Ramos, el magistrado federal platense consideró que "no es urgente" el archivo de una causa ni siquiera durante la feria judicial.
"Existe de cadena de favores en Comodoro Py en donde hay mucha gente que está comprometida y un juez resuelve una causa que le conviene y luego el otro y así se van archivando las causas", argumentó el magistrado.
"Si no le ponemos un límite a esta relación entre los servicios inteligencia y el Poder Judicial, a este manejo de las escuchas, el abuso de autoridades, vamos a tener una república donde se van a perder los derechos individuales", concluyó Alejo Ramos Padilla.
La convocatoria de ambos magistrados estuvo vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como "Consejo de la Magistratura" y "Coparticipación".