Un juez de La Pampa rechazó el primer planteo de los antivacunas que pedían dictar la inconstitucionalidad de una ley de vacunas sancionada por el Congreso. El grupo decía que esa normativa, al dejar abierta la posibilidad de que el Gobierno haga obligatoria la aplicación, los convertiría en "entes sin derechos". El juez rechazó el planteo.
El fallo llega en medio de algunas discusiones sobre el plan de vacunación del Gobierno y por algunas dudas que se plantean por la falta de información de la vacuna rusa.
En este contexto esta semana el juez federal de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, Juan José Baric rechazó un pedido de amparo de un grupo de personas que le solicitaron declarar inconstitucional la obligatoriedad del calendario de vacunación nacional y el operativo de vacunación contra el coronavirus.
A lo largo de la presentación judicial, a la que tuvo acceso A24.com, impugnaron que la Ley de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación (27491) le dé al Estado la “potestad de exigir el cumplimiento del calendario de aplicación obligatoria de la vacuna del COVID 19”.
Los actores afirmaron que la normativa “resulta violatoria de sus derechos constitucionales y humanos, y que el Estado pretende decidir sobre sus cuerpos, convirtiéndolos en entes sin derechos”.
En su intervención, la titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, Iara Jésica Silvestre, dictaminó la improcedencia de la acción y sostuvo la inexistencia de "caso o conflicto alguno que amerite la intervención de la judicatura para su resolución".
Luego, el juez federal Baric coincidió con opinión de la fiscal y señaló que los actores “pretenden una declaración de inconstitucionalidad genérica respecto de la ley 27491, ya que en el escrito de inicio no aportaron dato alguno tendiente a conocer entre otras cosas qué autoridad los obligó, si se los intimó o no a ser vacunados o se les ha negado algún derecho”.
En cuanto a la vacuna contra el COVID-19, el magistrado destacó la reciente sanción de la Ley 27573 de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19, pero que esta normativa “no hace referencia alguna a la supuesta obligatoriedad de su aplicación”, y advirtió: “Las vacunas del calendario son las obligatorias y esta es un caso extraordinario”.
El magistrado explicó, asimismo, que la Ley 27491 en su artículo séptimo faculta al Poder Ejecutivo Nacional para recurrir a una excepción en “una situación de emergencia epidemiológica”, pero que a la fecha el gobierno “no ha dicho expresamente nada si hará uso de esa facultad”, dijo el magistrado.
El fallo resaltó que lo expuesto por los actores en el expediente “son alegaciones genéricas respecto de sus derechos a la libertad, autonomía de la voluntad y elección del plan de vida, pero no han dado razones concretas acerca de cómo la política pública de lucha contra el COVID– 19 ha afectado tales derechos, y ningún hecho particular respecto de la aplicación de la vacuna y como esto colisionaría con el contenido de la Constitución Nacional”.
