¿Qué establecen los artículos que aprobó la Cámara de Diputados?
El primer artículo aprobado establece que la iniciativa "tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales".
En tanto, el artículo 3 fija que la emergencia se extenderá hasta el 31 de diciembre y establece que dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el plazo máximo de un año.
El plenario legislativo aprobó por 132 a 122 las delegaciones de las facultades y los incisos A al G que se refieren a promover un sistema económico "basado en decisiones libres", establecer a una amplia desregulación del comercio, servicios e industria, y promover medidas para eliminar las restricciones a la competencia y la creación de empleo.
Asimismo, permite reorganizar el Sector Público Nacional para lograr la mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento.
Las facultades le permiten ordenar y regular el Sistema de Contrataciones Públicas en un único cuerpo normativo con el objeto de lograr una contratación pública "profesionalizada, estratégica, sustentable, íntegra, transparente, sujeta al control cívico, electrónica, eficiente y eficaz, que garantice, mediante la regla de la licitación o concurso público, la mayor concurrencia y sana competencia entre oferentes, previendo para cuando correspondiere el criterio de adjudicación de valor por dinero".
Finalmente, el pleno de la Cámara rechazó por 142 votos a 112 el inciso H que proponía modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos.