La central obrera marchará el miércoles al mediodía, en coincidencia con el inicio del debate en el Senado. La conducción habilitó ceses parciales de actividades.
La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió convocar a una movilización el próximo miércoles frente al Congreso, desde el mediodía, en simultáneo con el comienzo del tratamiento en el Senado de la reforma laboral que impulsa el Gobierno. La central obrera volverá así a apostar a la calle como forma de presión, aunque sin acordar un paro general.
La determinación surgió de una reunión del Consejo Directivo realizada en la sede de Azopardo, atravesada por fuertes diferencias internas y sin los consensos necesarios para avanzar con una medida de fuerza nacional. La conducción definió que la protesta se realizará sin paro general, pero habilitó a cada sindicato a disponer ceses parciales de actividades para facilitar la participación de los trabajadores.
La resolución dejó al descubierto la fractura que recorre a la CGT. Un sector mayoritario insistió en la conveniencia de sostener instancias de diálogo político con el oficialismo y con los bloques del Senado para intentar introducir modificaciones al proyecto.
Dirigentes como Héctor Daer y Gerardo Martínez vienen encabezando gestiones con gobernadores y senadores con la expectativa de morigerar los efectos de la iniciativa sobre los derechos colectivos y las condiciones laborales.
En contraste, los sectores más duros reclamaron una respuesta sindical más contundente. Los gremios del transporte, agrupados en la CATT, propusieron un paro de 12 horas el mismo día de la movilización e incluso se debatió la posibilidad de una huelga de 48 horas, alternativas que no lograron el respaldo suficiente dentro de la mesa de conducción.
Otros dirigentes plantearon que la CGT debería avalar formalmente un cese de actividades y presentar la protesta frente al Congreso como el punto de partida de un plan de lucha progresivo, con medidas crecientes en caso de que el proyecto avance sin cambios.
La discusión se inscribe en un escenario que se arrastra desde que el Ejecutivo anunció su intención de impulsar una reforma laboral. En ese período, la central obrera combinó advertencias públicas con negociaciones reservadas, en un equilibrio inestable entre confrontar y mantener abiertos los canales de diálogo. La llegada de la iniciativa a la Cámara alta aceleró los tiempos y forzó una definición.
En paralelo, dirigentes cegetistas mantuvieron contactos con gobernadores peronistas que manifestaron reparos frente al proyecto y advirtieron sobre un posible deterioro de las condiciones de trabajo. Sin embargo, esos apoyos resultaron dispares y no se tradujeron en una postura unificada.
Algunos encuentros quedaron postergados y otros se vieron condicionados por las negociaciones que las provincias sostienen con la Casa Rosada, en particular por los cambios vinculados al Impuesto a las Ganancias incluidos en la iniciativa oficial.
La CGT había puesto expectativas en reuniones con mandatarios con perfil más crítico hacia el Gobierno, como el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro. En el caso de Llaryora, el encuentro se suspendió a último momento.
Mientras tanto, el Gobierno despliega su propia estrategia. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una ronda de reuniones con gobernadores para sumar respaldos al proyecto. En ese marco, se reunió con el pampeano Sergio Ziliotto, uno de los mandatarios más cuestionadores de la reforma, quien evitó comprometer su acompañamiento.
