El máximo tribunal rechazó los recursos de la defensa y confirmó la pena de ocho años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Urribarri fue condenado por el desvío de fondos públicos durante su gestión en Entre Ríos.
El máximo tribunal rechazó los recursos de la defensa y confirmó la pena de ocho años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. (Foto: Télam)
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y ordenó que cumpla la pena de ocho años de prisión por el desvío de fondos públicos durante su administración. El fallo también mantiene la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por lo que la Justicia entrerriana deberá avanzar con la ejecución de la sentencia.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa del exmandatario provincial.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná había condenado a Urribarri el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La investigación se centró en el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial del Gobierno de Entre Ríos entre 2010 y 2015. Según la acusación, durante ese período se realizaron pagos a empresas que no tenían actividad real y funcionó un esquema de testaferros que habría beneficiado a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.
La causa también incluyó gastos relacionados con la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014.
Por esos hechos también fueron condenados Pedro Báez, quien se desempeñaba como ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, y Aguilera. Ambos recibieron penas de seis años de prisión.
Urribarri estuvo al frente del Gobierno entrerriano entre 2007 y 2015 por el kirchnerismo y posteriormente fue designado embajador argentino en Israel.
El máximo tribunal consideró que los recursos extraordinarios “parcialmente concedidos” por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el 22 de octubre de 2024 “son inadmisibles”, de acuerdo con el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Esa norma permite a la Corte rechazar recursos de apelación cuando considera que no existe una cuestión federal suficiente que justifique su intervención, sin necesidad de desarrollar mayores fundamentos.
Lorenzetti incorporó una aclaración en su voto y citó el precedente “Vidal” para señalar que el rechazo de un recurso mediante esa vía “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”.
La resolución de la Corte también alcanzó a los otros seis condenados en la misma causa que habían presentado recursos de queja ante el máximo tribunal. Se trata de Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Juan Pablo Aguilera, Luciana Belén Almada y Pedro Ángel Báez.
Todos los planteos fueron rechazados por la Corte Suprema.
El exgobernador ya había pasado por prisión. En noviembre de 2024 permaneció detenido durante 50 días después de que la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenara su captura ante el temor de que intentara frustrar el proceso.
Esa medida fue revocada en enero de 2025 y, desde entonces, Urribarri aguardaba en su domicilio la resolución definitiva sobre su situación judicial.
Con el fallo de la Corte Suprema, la condena quedó firme y la Justicia de Entre Ríos deberá disponer ahora el cumplimiento efectivo de la pena.
