La Justicia bonaerense frenó por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil

La Ley N° 27.801 establece, entre otros cambios, la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, por lo que los adolescentes de esa franja etaria pueden ser sometidos a procesos judiciales por los delitos contemplados en el Código Penal.

Para Pascual, esta modificación puede derivar en un incremento significativo de la cantidad de menores privados de su libertad, tanto por el ingreso de nuevos adolescentes al sistema como por el tiempo que permanecerán alojados en los establecimientos.

En ese contexto, la jueza puso bajo análisis si la provincia de Buenos Aires dispone de las condiciones necesarias para recibir a esta población y garantizar el cumplimiento de los estándares vinculados con los derechos humanos de niños y adolescentes.

La magistrada también sostuvo que el Poder Judicial debe actuar de manera anticipada cuando existan elementos que permitan prever una posible vulneración de derechos fundamentales. Para fundamentar su decisión, recurrió al denominado principio precautorio.

Las condiciones de los centros de alojamiento

Uno de los puntos centrales del fallo fue el estado de los establecimientos bonaerenses destinados a alojar a adolescentes privados de su libertad.

Pascual recordó que su propio juzgado había establecido anteriormente un límite máximo de 60 jóvenes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, debido a que el establecimiento no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad.

La resolución reconoce que durante los últimos tiempos se produjeron mejoras en cuestiones como el acceso al agua potable, la alimentación y las condiciones edilicias. Sin embargo, la jueza consideró que el sistema todavía no alcanza el nivel mínimo necesario para garantizar que las detenciones se desarrollen sin comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.

Entre las deficiencias señaladas aparecen las dificultades para garantizar el acceso a la educación, la capacitación laboral y la reinserción en el empleo. También planteó la necesidad de reducir los períodos de aislamiento de los adolescentes alojados en los centros.

La jueza advirtió además sobre los efectos que puede generar el hacinamiento. En su análisis, las condiciones en las que los jóvenes cumplen sus períodos de detención tienen un impacto directo sobre los niveles de violencia con los que podrían regresar a la sociedad una vez recuperada la libertad.

A partir de estos argumentos, la Justicia ordenó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia que adopten de inmediato las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión de la Ley N° 27.801.

Además, Pascual convocó a una audiencia para el 16 de septiembre en la sede del tribunal. Allí deberán presentarse las autoridades provinciales vinculadas con la temática para informar qué medidas adoptaron, cuáles tienen previstas y cuáles son los plazos establecidos para adecuar el sistema a las nuevas exigencias.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

Mientras la Justicia bonaerense dispuso la suspensión preventiva de su aplicación en la provincia, a nivel nacional el Gobierno reglamentó la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete Diego Santilli.

La reglamentación estableció al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y le asignó la tarea de coordinar el nuevo sistema con las distintas jurisdicciones.

El régimen establece que los adolescentes no pueden recibir condenas a prisión perpetua y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad. Las penas deberán cumplirse en centros especializados y los menores no podrán permanecer en contacto con personas adultas privadas de su libertad.

La normativa también contempla penas alternativas al encierro, entre ellas la reparación del daño, las tareas comunitarias, las restricciones de acercamiento y el monitoreo mediante tobilleras electrónicas.

Para acompañar y supervisar a los jóvenes alcanzados por el régimen, el decreto creó la figura del “supervisor especializado” y dispuso la creación de un registro provisorio de profesionales de áreas como psicología, trabajo social y pedagogía.

Además, se establecieron un Comité Interministerial y una Mesa Federal, destinados a coordinar las políticas públicas entre el Gobierno nacional y las provincias.

Para financiar la implementación del nuevo sistema, el Congreso de la Nación asignó una partida presupuestaria de $23.739.155.303,08.