La Cámara Nacional Electoral convocó para este sábado a los apoderados de los partidos políticos que compiten por el balotaje, con la intencción de bajar los ánimos antes de que empiecen los comicios. Los invitados son Karina Milei (LLA) y Juan Manuel Olmos (UP). La idea es encontrar un camino de acuerdos para evitar las denuncias cruzadas el mismo domingo.
Todo se da en el marco en que la Libertad Avanza (LLA) planteó ante la justicia electoral su preocupación acerca de presuntas irregularidades registradas en las elecciones del 22 de octubre pasado, pero no presentó ninguna denuncia formal.
Cuando el fiscal electoral Ramiro González los citó para aportar datos que sustenten sus dudas, el apoderado del partido, Santiago Viola, le acercó capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales, en las que se manifestaron supuestas irregularidades en forma anónima.
Después de recibir la testimonial, la justicia se reunió con el Comando Nacional Electoral para garantizar todas las medidas previstas por el Código Electoral, con el fin de custodiar los comicios.
Durante su declaración bajo juramento, el abogado del partido de Javier Milei aclaró que “no se trató de una denuncia, sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas, de cara a la segunda vuelta a llevarse a cabo el 19 de noviembre, y con la única intención de aportar a la transparencia y legalidad de las elecciones”.
Por otro lado, remarcó que la presentación en Tribunales “se efectuó en virtud de comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas”, y descartó que tengan sospechas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.
La hermana del candidato de LLA, Karina Milei, también había sido citada por la justicia, pero se excusó con un escrito porque no llegaba a tiempo, dado que estaba viajando desde la provincia de Córdoba hacia Buenos Aires.
No obstante, hizo saber que acompañaba los dichos de su abogado, y remitió por correo electrónico tres imágenes, que corresponden a capturas de pantalla, con las supuestas irregularidades mencionadas.
Asimismo, el fiscal González le preguntó a Santiago Viola si la alianza que representa solicitó en elecciones previas la apertura de urnas en algún distrito, a lo que el apoderado del partido contestó que respecto de la categoría Presidente no, y en el resto de las categorías no tenía información.
En definitiva, sin denuncia, el proceso electoral sigue adelante con las medidas de seguridad previstas, al tiempo que la justicia hizo saber a todos los distritos que los fiscales de LLA podrán participar de las tareas de custodia y seguimiento de las urnas y documentación electoral, tal como lo establece el art. 106 del Código Electoral Nacional.
La hermana del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, es una de las apoderadas del partido, junto con el abogado Santiago Viola. Ambos habían presentado un escrito bajo el título “Solicita y hace saber”, dónde advirtieron sobre “una serie de conductas irregulares que habrían tenido lugar durante los comicios celebrados el pasado domingo 22 de octubre”.
También solicitaron “medidas tendientes a evitar su reiteración y a garantizar la máxima legalidad, transparencia y certeza en las elecciones que tendrán lugar el próximo 19 de noviembre”.
En el mismo escrito, dirigido a la jueza con competencia electoral Maria Romilda Servini, sostuvieron: “Confiamos plenamente en la reconocida honestidad y experiencia de V.S. durante años, en tan importante y delicada tarea”.
En cuanto a la presentación, se señala que “en redes sociales informaron distintos hechos sucedidos en las elecciones generales, algunos de los cuales configurarían "fraude electoral".
Basándose en esas publicaciones, se detalla que el denominado "fraude" electoral ocurriría en cuatro pasos. El primero: en la mesa electoral. En ciertos casos faltarían fiscales controladores y el aparato oficial colocaría algunas boletas de más de su partido político o la de sus rivales.
El segundo paso, que para LLA es más trascendente, se llevaría a cabo en algunos ámbitos de la Capital Federal, pero especialmente en la Provincia de Buenos Aires y el interior del país . Consistiría en que tras el escrutinio, las autoridades de mesa entregarían a las fuerzas de seguridad las actas, certificados y telegramas, junto con las urnas. Luego se retirarían a sus domicilios considerando su misión cumplida.
La situación que destaca el equipo de Milei es que a partir de ese momento aparecería la Gendarmería Nacional Argentina. Sospechan que ellos “cambian el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral”.
Completaron con otros dos pasos: el tercero, relacionado con el transporte al centro de cómputos de la documentación y urnas falsificadas sin control de las autoridades y fiscales de mesa; y el cuarto, cuando se reciben y registran definitivamente los datos falsos.
Para justificar que hasta ahora ningún elector presentó una denuncia al respecto, La Libertad Avanza argumentó que “obviamente, por razones de seguridad personal, las personas que nos han comunicado dichas cuestiones prefieren mantenerse en el anonimato”.
El supuesto “fraude colosal” se habría detectado “en algunas mesas de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. Misiones. Chaco y Tucumán (que son las provincias más beneficiadas con planes sociales y el plan "potenciar trabajo" ideado por Sergio Massa), Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Formosa y seguramente en otras provincias”.
A todo esto, LLA ya se había revelado a cumplir con las exigencias de la Justicia Electoral al enviar menos boletas de las que corresponden a la cantidad de electores. El espacio libertario presentó entre 100 y 150 boletas, sobre un total de 350 por mesa. El apoderado del partido respondió que entregaron las suficientes para garantizar el inicio de la jornada electoral, y el resto las llevaran los fiscales para custodiar que no las roben ni las rompan.
Para la justicia el sistema electoral es robusto y la custodia de las urnas está garantizada. Ante la consulta de A24.com insistieron en destacar que el Código Nacional Electoral contempla un sistema de controles y denuncias ante posibles irregularidades que impide la consagración de un hipotético fraude.
Desde La Libertad Avanza, aseguraron que confían en el escrutinio definitivo, pero que su preocupación apunta a los resultados provisorios que se difundirán el domingo por la noche. Recordemos que el mismo día de la elección se conoce el escrutinio provisorio, que lleva adelante la Dirección Nacional Electoral, y no tiene valor legal. En esta etapa todavía no se cuentan los votos de los privados de la libertad, los residentes en el extranjero, ni las fuerzas de seguridad afectadas a los comicios.
Luego de las elecciones generales, los partidos políticos tienen 48 horas para denunciar irregularidades. Cumplido ese plazo la justicia electoral será la encargada de iniciar el escrutinio definitivo con las Actas certificadas. En el caso de que haya votos recurridos deberán revisar esos sobres que se envían por separado.
Si algún fiscal partidario cuestionase la validez de un Acta de escrutinio, podrá solicitar la apertura de la urna para el recuento voto por voto. La justicia tendrá la autoridad para decidir la apertura de una urna cuando no hay acta, o parece adulterada, o no coincide con los certificados que conservaron los fiscales.
Finalmente, cuando se terminen de revisar las actas una por una, con el aval de los fiscales partidarios, la justicia dará a conocer el resultado que consagrará a la fórmula ganadora.
