La presentación sostiene que se habría dispuesto un operativo permanente de Gendarmería en el ingreso al country donde reside la familia Adorni sin que existiera un acto administrativo que lo justificara, una evaluación de riesgo o una orden judicial que respaldara la medida.
Una denuncia que A24 reveló en mayo
La existencia del operativo fue revelada el 19 de mayo por el periodista Nicolás Wiñazki en A24. Según informó entonces, la presencia de efectivos federales se produjo después de una movilización realizada el 31 de marzo en las inmediaciones del country, encabezada por militantes vinculados al dirigente social Juan Grabois.
De acuerdo con esa información, mientras la custodia podía resultar entendible por un presunto peligro durante la protesta, el despliegue habría continuado. La denuncia señala que un móvil con cuatro gendarmes permaneció apostado en el ingreso al barrio privado, situación que generó cuestionamientos entre algunos residentes del lugar.
La polémica también se alimentó por mensajes atribuidos a Adorni en grupos de WhatsApp del country. En uno de ellos, enviado el mismo día de la manifestación, el funcionario sostuvo: "Estoy tomando todas las medidas para que podamos volver a la tranquilidad que siempre caracterizó al lugar. Además todo está filmado y será enviado a la Justicia para que se encargue de lo que deba en cada una de las situaciones".
En otra comunicación posterior, también difundida por A24, manifestó preocupación por la seguridad de su familia luego de que personas fotografiaran su vivienda desde el exterior del barrio. "Estimados, hace un rato pasaron por la puerta de casa un grupo de personas sacando fotos y haciéndose los graciosos. Aviso solo porque entiendo la preocupación de todos por la seguridad, al margen de la invasión de la intimidad (situación que fue vista por mi hija de cinco años). Ya se revisaron todas las cámaras y se van a tomar las medidas correspondientes con los responsables", indicó.
La decisión de la Cámara Federal
El juzgado federal porteño había decidido inicialmente declararse incompetente y enviar el expediente a Campana. Sin embargo, el juzgado bonaerense rechazó esa postura y se generó un conflicto que terminó resolviendo la Cámara Federal.
Farah consideró que la remisión de la causa fue prematura porque la investigación todavía se encuentra en una etapa inicial y prácticamente no se realizaron medidas de prueba. “Ese temperamento fue adoptado cuando en la causa sólo obraba la denuncia y ni siquiera se había dado intervención al Ministerio Público Fiscal”, advirtió.
En su resolución, el magistrado señaló que aún se desconoce si la custodia efectivamente existió, quién la ordenó, bajo qué circunstancias se dispuso y qué normativa pudo haber respaldado esa decisión.
Por ese motivo entendió que todavía no existen elementos suficientes para determinar con precisión cuál es la jurisdicción competente y resolvió que, por el momento, la investigación continúe en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de la Ciudad de Buenos Aires.
El vínculo con la causa patrimonial
La definición judicial se conoce mientras avanza otra investigación que involucra a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito.
En ese expediente, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó recientemente registros de ingresos y egresos vinculados a la vivienda que la familia posee en el country Indio Cuá para reconstruir aspectos patrimoniales relacionados con las obras realizadas en el inmueble.
La propiedad quedó bajo la lupa luego de que el contratista Matías Tabar declarara ante la Justicia haber recibido 245.000 dólares en efectivo para llevar adelante refacciones en la casa, una afirmación que este jueves volvió a ratificar públicamente en una entrevista televisiva con A24.