La Oficina Anticorrupción denunció a Patricia Bullrich por irregularidades en la compra de material para la Cumbre del G20 (Foto: Telam).
La Oficina Anticorrupción (OA) denunció a la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras detectar irregularidades en la compra de materiales para utilizar en la cumbre internacional del G20 realizada en noviembre de 2018, que llegaron al país hasta 5 meses después y, en algunos casos, con supuestos sobreprecios de más del 300 por ciento.
Ambulancias, furgones, scanner, chalecos antibalas y equipos antiexplosivos son algunos de los elementos que se compraron por orden del Ministerio de Seguridad para aquella cumbre del G20, pero que llegaron al país varios meses después de que concluyera el encuentro internacional.
La denuncia -que apunta también a otros exfuncionarios de la cartera de Seguridad- recayó en el juzgado a cargo del magistrado Luis Rodríguez y en la fiscalía que encabeza Paloma Ochoa.
En todos los procesos licitatorios, los funcionarios denunciados consintieron que el plazo de entrega de los bienes resultara posterior al 1° de diciembre de 2018, el día en que culminó la Cumbre del G20, lo que implicó que ninguno de los bienes adquiridos pudiera utilizarse con la finalidad para la que habían sido comprados.
En la denuncia se detalla que las irregularidades se produjeron alrededor de la compra de 4 ambulancias, 20 furgones, 475 chalecos antibalas, equipos antiexplosivos, 900 uniformes ignífugos, 2 scanner de vehículos montados sobre un vehículo tipo furgón, 5 camiones hidrantes, sistemas de comunicación y 120 pistolas tácticas, y que el precio pagado por el Estado Nacional superó los 9 millones de dólares.
Entre los denunciados se encuentran el exsecretario de Coordinación, Formación y Carrera del ministerio de Seguridad, Alberto Fernando Fohrig; el exsubsecretario de Gestión Administrativa, Martín Siracusa, y el exsecretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad, Daniel Fihman.
La OA les imputó haber cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional.
En el texto de la denuncia se señaló, además, que los beneficios a los que accedió la firma Antaaj S.R.L. podían responder al vínculo que el socio gerente de dicha empresa, Alejandro Altoé, mantenía con la diputada Graciela Ocaña, con quien habría trabajado en el ministerio de Salud entre 2008 y 2009.