El informe elaborado por la DAFI encontró diferencias entre los ingresos declarados y los gastos analizados. Con esos resultados, el fiscal Gerardo Pollicita evaluará si le pide al ex jefe de Gabinete una justificación patrimonial antes de decidir una eventual indagatoria.
Un informe halló inconsistencias entre la declaración jurada de Adorni y los datos recabados durante la investigación. (Foto: archivo).
El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), que identificó inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos relevados en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como imputado a Manuel Adorni.
Si bien el documento no presenta una cifra global sobre el supuesto desfasaje patrimonial, sí detalla las diferencias detectadas año por año. El estudio es considerado una pieza clave para reconstruir la evolución económica de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, a partir de la documentación reunida durante la investigación.
El análisis abarca la evolución de bienes, ingresos, inversiones, deudas y gastos, con el objetivo de establecer si existe correspondencia entre el patrimonio declarado y el nivel de vida registrado durante el período bajo investigación.
Además del examen de las declaraciones juradas, los peritos analizaron movimientos financieros vinculados con billeteras virtuales y operaciones con criptomonedas para determinar si existieron fondos que no hubieran sido informados.
Durante la feria judicial, Pollicita revisará junto a su equipo las conclusiones del informe y evaluará las observaciones realizadas por los especialistas. Una vez completado ese análisis, el fiscal podrá solicitar formalmente que Adorni justifique el origen de su patrimonio antes de decidir si corresponde avanzar con una citación a declaración indagatoria.
El trabajo de la DAFI examinó la evolución patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Para ello, el estudio se estructuró en siete áreas principales.
El primer punto reconstruye la composición del patrimonio de ambos, incluyendo bienes, inversiones, disponibilidades, créditos y deudas al inicio y al cierre de cada año investigado.
El segundo apartado analiza los ingresos y el origen de los fondos, contemplando transferencias, rescates de inversiones, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.
El tercer eje se concentra en las entradas y salidas de dinero, relevando gastos cotidianos y extraordinarios, consumos, pagos en efectivo y en moneda extranjera, cancelación de obligaciones y movimientos de efectivo.
El cuarto capítulo compara las declaraciones juradas presentadas con las rectificaciones efectuadas posteriormente, verificando cambios en la valuación de activos y pasivos y su correlación con el resto de la prueba incorporada al expediente.
En el quinto apartado se estudia la operatoria con criptomonedas y billeteras virtuales, incluyendo depósitos, retiros, compras, ventas, intercambios, transferencias y saldos, además de su correspondencia con la información bancaria y fiscal.
El sexto punto analiza la incorporación de bienes, el financiamiento de compras, préstamos y otras obligaciones, cruzando escrituras, registros bancarios, documentación fiscal y declaraciones testimoniales.
Por último, el informe elabora una ecuación patrimonial anual y acumulada para determinar si los ingresos acreditados resultan suficientes para justificar el patrimonio, los gastos y las cancelaciones de deudas detectadas durante el período investigado.
La causa se inició a partir de sospechas sobre un presunto incremento patrimonial que no guardaría relación con los ingresos declarados por Adorni.
En ese marco, la fiscalía recopiló información sobre compras de bienes, remodelaciones de propiedades, viajes de alto costo y otras adquisiciones consideradas de elevado valor económico. También incorporó facturas, remitos, conversaciones y otra documentación aportada por testigos, con el objetivo de reconstruir el nivel de gastos del ex funcionario.
Toda esa información fue contrastada por la DAFI con las declaraciones juradas y la documentación financiera disponible para determinar si existieron diferencias entre los recursos declarados y las erogaciones realizadas.
Hasta el momento, la principal explicación presentada por la defensa de Adorni sostiene que parte de su patrimonio proviene de una inversión de aproximadamente USD 200.000 en Bitcoin realizada entre 2013 y 2014, operación que —según su versión— le habría generado una ganancia cercana a USD 500.000.
Con el informe ya incorporado al expediente, la fiscalía deberá definir ahora si las inconsistencias detectadas requieren un pedido formal de justificación patrimonial o si corresponde avanzar hacia una nueva etapa de la investigación.
